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*Quizá el problema no es la democracia, que no tiene la culpa de nada, sino los demócratas, que son los que degradan las instituciones democráticas

Tomás Tenorio Galindo

Otro País Noticias, Cd de México, 21 de agosto 2017. Los 6 mil 788 millones de pesos que el próximo año recibirán los partidos políticos, de los cuales 2 mil 148 millones serán destinados exclusivamente a las campañas, suponen un desembolso excesivo para los bolsillos de los contribuyentes.

Un diario calculó que en los tres meses que durarán las campañas, los candidatos y los partidos gastarán ese dinero a razón de poco más de un millón de pesos cada hora. En realidad, será más, si existiera una forma de contabilizar los recursos adicionales que los partidos invierten en las campañas sin reportarlos a las autoridades.

La anterior elección federal, la del 2012, costó 5 mil 142 millones de pesos, y a este ritmo desenfrenado de crecimiento, la del año 2024 podría costar unos 10 mil millones.

Sencillamente es mucho, demasiado dinero público el que se irá el próximo año por el desagüe de las campañas políticas, y lo injustificado de ese gasto que harán los ciudadanos se pone de manifiesto si se observa la pobre calidad del liderazgo del país.

Si se parte de la premisa de que cada elección promete resolver los problemas nacionales, los 5 mil 142 millones de pesos invertidos hace cinco años en nuestra democracia no sirvieron de nada. La crisis de inseguridad pública no sólo continúa, sino que está peor, y la pobreza golpea a cada vez más mexicanos. La corrupción experimenta un crecimiento explosivo y la justicia sigue en crisis. Las reformas estructurales impulsadas por el gobierno emanado de los comicios del 2012 no han contribuido, como se prometió, a mejorar el bienestar de la población, y el ejemplo más nítido y contundente de ello es el incremento en el precio de la gasolina decretado a principio de este año.

Las enormes sumas de dinero dedicadas a sufragar las campañas políticas tampoco han sido útiles para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones electorales, al contrario, las autoridades responsables de organizar los comicios son percibidas por la sociedad como parte del sistema de corrupción en cuya cima se ubica a gobiernos y partidos políticos.

Pero el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carecen de la credibilidad y confianza social debido a su tibio comportamiento en el arbitraje y la calificación de las elecciones. Como las recientes de Coahuila y el Estado de México, en las que ninguna de esas autoridades vio las numerosas irregularidades que permitieron al PRI obtener el triunfo.

A propósito de esas dos elecciones, el 2 de junio el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que representaban “la última oportunidad que tenemos antes de 2018 de avanzar en ese proceso de construcción de confianza en torno a las instituciones y las reglas electorales, de cara a la que va a ser la gran cita electoral de la historia”. (Reforma, 2 de julio de 2017) Palabras sensatas que, sin embargo, la institución que Córdova encabeza no escuchó.

De acuerdo con los estudios del Latinobarómetro, la democracia ha perdido aceleradamente apoyo en los países de América Latina, y en 2016 sólo 34 por ciento de la población mostró cierta satisfacción con ella, lo que representó una caída de cuatro puntos porcentuales en relación con el 2015. Y entre las instituciones democráticas, como el gobierno y los poderes, los partidos son los peor evaluados, pues sólo tienen la confianza de 17 por ciento de la gente.

Quizá el problema no es la democracia, que no tiene la culpa de nada, sino los demócratas, que son los que degradan las instituciones democráticas y destruyen la confianza social con sus acciones y sus omisiones. Demócratas que –como Javier Duarte o Roberto Borge– se frotan ya las manos por los 6 mil 788 millones de pesos que recibirán el próximo año.

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