OTRO PAÍS

Tomás Tenorio Galindo

Héctor Astudillo Flores encontró en Andrés Manuel López Obrador –o para ser más precisos, en la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero– un inesperado y poderoso aliado de su propuesta de legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales.

Debe reconocerse al gobernador de Guerrero por haber sido el primero en plantear y defender públicamente esa iniciativa, hace poco más de dos años, y es de esperar que una vez que tome posesión López Obrador como presidente, el tema efectivamente se sume a la estrategia del nuevo gobierno para acabar con la violencia en el país.

De acuerdo con lo que informó la ex ministra Sánchez Cordero el 17 de julio, en busca de ese objetivo tiene carta abierta del próximo presidente para desarrollar todo aquello que sea necesario, y entre las medidas necesarias ofreció el concepto de “justicia transicional” para englobar la creación de comisiones de la verdad, no una sino todas las que sean convenientes para casos específicos de homicidios y desapariciones.

Según explicó la futura secretaria de Gobernación en un foro realizado en El Colegio de México, es momento de hablar de memoria y reparación, y el gobierno de López Obrador no va a simular que en México no pasa nada o que existe una política de derechos humanos, cuando la realidad es que el Estado ha sido incapaz de evitar las desapariciones y localizar a las víctimas. En ese contexto planteó la despenalización de la mariguana y la amapola como parte fundamental de la estrategia y en el mismo nivel que la amnistía, componente que aún no ha sido explicado del todo.

Todo lo anterior concierne al estado de Guerrero. Allí se produjo la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que es al mismo tiempo la mayor atrocidad de la violencia ligada al narcotráfico, el caso más emblemático de un narcogobierno y el ejemplo más crudo e indignante de impunidad con cargo a las autoridades. Es para ese caso que en su campaña López Obrador se comprometió a crear una comisión de la verdad.

Sánchez Cordero ha ido más allá que López Obrador al proyectar las comisiones que sean necesarias, y probablemente está pensando en Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz o Chihuahua, por mencionar sólo algunos estados que se distinguen por la frecuencia de las matanzas y desapariciones que suceden en su territorio.

Sin embargo, para Guerrero el gobierno de López Obrador tendría que ensanchar la idea y definir un tipo adicional de comisión de la verdad: una para esclarecer y castigar los crímenes políticos y aquellos que han tenido como víctimas a activistas sociales y defensores de derechos humanos, que no pueden encuadrarse en la violencia causada por la delincuencia organizada. Por ejemplo, los homicidios de Moisés Villanueva de la Luz, Armando Chavarría y Rocío Mesino, por citar solamente tres de los más conocidos, cuyos expedientes se pudren en los archivos de la Fiscalía del estado.

Así como el cambio de paradigma lleva al próximo gobierno a anticipar la despenalización de la mariguana y la amapola, y al reconocimiento claro y firme de la devastación que deja el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos, igualmente podría modificar la forma de ver a Guerrero, donde a la violencia del narcotráfico debe sumarse la violencia sistemática que se desarrolló en el estado con particular letalidad contra activistas sociales, en lo que fue una auténtica guerra sucia entre los años 2005 y  2015. Para esa violencia que está fuera del mapa de la narcoviolencia y dio origen a una profunda impunidad, se necesita una comisión de la verdad propia, erigida en nombre de la memoria y la reparación expuesta por Olga Sánchez Cordero.

Cuando en marzo de 2016 planteó Astudillo Flores la legalización del cultivo de amapola con fines medicinales, con el objetivo de reducir la violencia en Guerrero, no encontró eco en el gobierno de Peña Nieto, a pesar de que ya para entonces circulaba un estudio elaborado por la administración federal en el que se analizaba esa posibilidad. Ni siquiera la paulatina despenalización del consumo de mariguana sirvió para atenuar la tajante visión prohibicionista que respecto a esta planta asumió el gobierno, probablemente por la intervención del secretario de Salud, José Narro, férreo opositor a la idea.

No será sencillo vencer la oposición del gobierno de Estados Unidos para que México –el tercer país productor de amapola y sus derivados ilegales–, pueda convertir la actual industria de la amapola al margen de la ley en un abastecedor legal de la industria farmacéutica para producir la morfina que necesitan miles de enfermos que hoy carecen de ella para mitigar el dolor. Pero si hay firmeza y argumentos claros, el gobierno de López Obrador podría conseguir ese propósito. Guerrero es el primer estado productor de goma de opio derivada de la amapola, y el diagnóstico oficial señala que ese negocio es la principal fuente de la violencia ligada a las drogas en la entidad. De ahí la alianza que sin duda se pondrá en marcha entre Héctor Astudillo y el gobierno de López Obrador. Quién lo hubiera dicho.

Bartlett sí, Cárdenas no

Es significativo y sorprendente que en el gobierno de López Obrador haya encontrado sitio Manuel Bartlett y no Cuauhtémoc Cárdenas o su hijo Lázaro Cárdenas Batel. Como secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, Bartlett fue el operador del triunfo electoral fraudulento de Carlos Salinas de Gortari en 1988. En 1984 era también jefe del ex director de la Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, cuando éste ordenó el asesinato del periodista Manuel Buendía por el que fue encarcelado en 1989 tras cinco años de encubrimiento. En tanto viejo representante del régimen autoritario del PRI y con un historial sucio debido a episodios concretos, el hecho de que Bartlett haya sido incorporado al gobierno encabezado por López Obrador es un mensaje que contradice la esencia misma del cambio emanado de las urnas.

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