OTRO PAÍS

Tomás Tenorio Galindo

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero renunció al PRD hace tres años, en el contexto del repudio contra su gobierno por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el encarcelamiento de su hermano acusado de un desvío millonario de recursos públicos. A ese partido llegó en agosto de 2010, cuando perdió la candidatura por el PRI ante su primo Manuel Añorve y de la mano de Marcelo Ebrard consiguió la postulación por el PRD.

Renunció, pero nunca se fue del PRD, pues los hechos muestran que se mantuvo como el jefe de ese partido en Guerrero. Aún se recuerda cómo hace dos años, en un alarde de control, los diputados locales del PRD acudieron presurosos a la Ciudad de México al llamado de Aguirre Rivero para una reunión. Más recientemente, en los preparativos de las elecciones de este año no tuvo ninguna dificultad para hacerse designar candidato a diputado federal por el PRD, pretensión que fue desmantelada por la presión de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes irrumpieron en el primer acto de precampaña (y único) realizado por el ex gobernador en el municipio de Ayutla, lo que precipitó la declinación de Aguirre Rivero. Aunque a la indignación de los padres debe sumarse el rechazo que las aspiraciones de Aguirre Rivero provocaron en el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, lo que el mandamás del PRD guerrerense se cobró llevando sus servicios a Morena y a Andrés Manuel López Obrador.

En esa posición, el pasado día 7 encabezó una reunión de su corriente, Izquierda Progresista de Guerrero, para evaluar las elecciones del 1 de julio. Según se desprende de su diagnóstico, pese a la derrota que sufrió su partido en esta ocasión, en los comicios para gobernador del 2021 el PRD estará en condiciones de recuperar la gubernatura de Guerrero, entre otros motivos –dijo– porque ya no existirá el efecto López Obrador. Llama la atención que, a pesar de su propia conducta, en esa reunión Ángel Aguirre haya denunciado la traición de otros perredistas durante las elecciones.

Responsable durante su gobierno de la cesión de territorios al narcotráfico y de la ola de violencia que no cesa, no es precisamente la congruencia lo que distingue a Aguirre Rivero. Tampoco la ética. Ni la moral. Empujado por el gobierno de Enrique Peña Nieto a abandonar la gubernatura en octubre de 2014, desde entonces se vio obligado a replegarse sin soltar el control del PRD en el estado. Su gestión, marcada por el caso Ayotzinapa, causó la derrota del PRD en las elecciones del 2015, cuando el PRI recuperó la gubernatura después de doce años de pésimos gobiernos perredistas. Con su bien entrenado oportunismo, ahora busca dejar atrás la simulación y ponerse a la cabeza de lo que queda del PRD en Guerrero con miras a las elecciones de 2021, teniendo como punto de partida las escasas diputaciones locales y alcaldías ganadas por el perredismo, como la de Chilpancingo, donde despachará uno de los suyos.

Simultáneamente, Ángel Aguirre desarrolla desde hace varios meses una intensa campaña para lavarse la cara y las manos por el caso de los 43 normalistas desaparecidos, empeño en el que tiene el respaldo y el cobijo del periódico estatal El Sur, donde desde hace meses el ex gobernador publica una columna cuyo único objeto es ocultar su verdadero rostro bajo gruesas capas de retórica y simulación mezcladas con abundantes dosis de sensiblería. Es decir, quiere engañar a todos.

Es evidente que esa misma finalidad lo llevó a convertirse en activista de López Obrador –frente al silencio de Morena que no mostró un solo gramo de vergüenza por ese apoyo–, y a secundar la propuesta de crear una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa. Aguirre Rivero supone que esa comisión podría quitarle de encima la responsabilidad que objetivamente tiene por el ataque armado contra los estudiantes, o se cree capaz –por su respaldo a Morena, que anunció a todo pulmón en todas partes— de maniobrar e influir en ella de tal modo que no salga implicado.

Su estratagema es situarse fuera de los hechos del 26 de septiembre de 2014, aparentar apoyo a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, desentenderse de la siniestra trama que puso al ex alcalde José Luis Abarca en la presidencia municipal de Iguala, y sencillamente fingir inocencia (y demencia), pese a los datos que lo involucran de manera directa en la atrocidad de aquella noche.

En realidad, una de las cosas que la comisión de la verdad prometida por López Obrador tendría que investigar en primer término, a la par de las responsabilidades que pudieran corresponder a efectivos del Ejército y la Policía Federal, es el papel del entonces gobernador Ángel Aguirre en la violencia desatada en Iguala contra los normalistas. Escribir y poner a su servicio las páginas de un diario, o aparentar apoyo y cercanía a López Obrador, no suprime ni borra la verdad de los hechos. Esos hechos son aplastantes y lo ponen en la escena del crimen no como simple testigo o como autoridad inepta, sino como cómplice y responsable del ataque contra los normalistas. Era el gobernador, supo a temprana hora que los estudiantes eran acribillados y tuvo tiempo para ejercer su autoridad, pero no hizo nada para evitar la tragedia. Es de aquellos que no tienen llenadera.

Los gobernadores paralelos de López Obrador

Al menos en los casos de Guerrero, Jalisco y el estado de México, están totalmente sustentadas las críticas que ha recibido la intención de López Obrador de liquidar las delegaciones federales en los estados para depositar sus funciones en coordinadores únicos, uno por estado. Esa crítica vale para todos los casos, pues en los hechos esos funcionarios quedarían convertidos en gobernadores paralelos, con tantas o mayores capacidades e influencia que los propios mandatarios constitucionales. Sin embargo, esa iniciativa es un atropello al federalismo. La situación se agrava en las tres entidades mencionadas porque ahí los designados son los ex candidatos de Morena a gobernadores, lo que desfigura por completo la naturaleza de la idea y el objetivo central, que es ahorrar el dinero público. En esos tres casos es indiscutible la maniobra política de López Obrador, y en todos los demás este proyecto le sirve también al próximo presidente para fabricar candidatos para las futuras elecciones.

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