*Se crea el delito de remuneración ilícita de servidores públicos que reciban recursos no permitidos por la norma.

Otro País Noticias, Ciudad de México, 28 de diciembre de 2018.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que establece que ningún funcionario ganará más que la Jefa de Gobierno.

En la última sesión ordinaria del año, el Legislativo local aprobó adiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal, con lo que se crea el delito de remuneración ilícita de servidores públicos que reciban recursos no permitidos por la norma.

También a partir del Código Penal local se fijan sanciones que van desde inhabilitación, retiro del cargo hasta cárcel a los funcionarios que obtengan dádivas, prebenda o regalos sin especificar sus montos.

Las sanciones van desde tres meses hasta dos años de prisión y multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México, hasta cinco a catorce años de prisión y multa de 500 a tres mil veces el salario mínimo diario vigente.

Además, destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a 14 años.

De acuerdo con la ley, los servidores públicos deberán apegarse a los principios de honestidad, ética, transparencia y austeridad, sin percibir altas remuneraciones, bonos, seguros de gastos médicos mayores, pagos extraordinarios o asignación de vehículos.

En la discusión, el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, de Morena, se pronunció a favor del dictamen y propuso una adición al Artículo 111 de la ley, la cual fue aprobada por el pleno.

Esta adición indica que los servidores públicos que tienen en su encargo los servicios de emergencia, seguridad ciudadana y gestión de riesgos en protección civil podrán contar con la contratación de seguro de gastos médicos y seguro de vida.

También establece que ningún servidor público deberá utilizar su empleo, cargo o comisión para disponer de los recursos humanos, materiales y técnicos con que cuente para beneficio personal o a favor de terceros.

Tampoco buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona física o moral.

Señala que con los lineamientos de reducción del gasto corriente se lograrán ahorros sustantivos que permitirán reorientar el gasto público hacia los objetivos prioritarios como salud, educación, seguridad ciudadana, atención y gestión de riesgos, servicios de emergencia entre otros rubros.

Establece que si al entrar en vigor la ley algún funcionario o servidor público de la ciudad ganaba más que la Jefa de Gobierno lo seguirá haciendo hasta terminar su encargo.

La diputada Guadalupe Morales Rubio explicó que el dictamen deriva de 13 iniciativas de los diferentes partidos políticos representadas en el Poder Legislativo local, y que se nombró como lo mandata la Constitución.

Refirió que la corrupción cuesta a cada mexicano dos mil 273 pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

La diputada de Morena explicó que esta ley, como su nombre lo dice, permitirá una administración pública de la ciudad austera y evitará el uso discrecional de los recursos públicos.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dijo en entrevista que el sueldo de la Jefa de Gobierno en la actualidad es de poco más de 80 mil pesos, y en adelante ningún funcionario público de la ciudad podrá ganar más.

Los legisladores locales también aprobaron abrogar la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. (Notimex)