OTRO PAÍS

Tomás Tenorio Galindo

Cuatro días antes de las elecciones, el pasado jueves 28 de junio, fue liberado Willy Reyes Ramos, quien estaba preso en el penal de Tlapa, Guerrero, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del entonces diputado federal priista Moisés Villanueva de la Luz, ejecutado junto a su chofer Erik Estrada Vázquez en septiembre de 2011. Reyes Ramos, ex alcalde de Tlapa, estuvo en prisión escasamente cinco meses, pues en una maniobra que ahora cobra sentido como se verá más adelante, se entregó a la Fiscalía General del Estado el pasado 11 de enero, ahí en Tlapa, después de estar prófugo desde noviembre de 2013.

Se sabe que fue liberado porque la familia de la víctima hizo público el hecho, y porque la familia del victimario lo confirmó. Pero ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial, ni el gobierno de Guerrero han dicho una sola palabra al respecto, lo que genera un amplio vacío oficial sobre un acontecimiento que constituye un monumental atentado contra la ley y la justicia.

Para valorar la dimensión del asunto conviene recordar el caso. El 4 de septiembre de 2011 el diputado Moisés Villanueva y su chofer Erik Estrada desaparecieron con el vehículo en el que viajaban. Fueron encontrados muertos el 18 de ese mes. La Procuraduría General de Justicia del estado esclareció el doble asesinato en el curso de los dos meses siguientes, lapso en el que aprehendió a los responsables materiales, que resultaron ser un agente de la Policía Ministerial del estado y su hermano, y el secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tlapa, con algunos otros cómplices.

La procuraduría estableció la autoría intelectual del crimen y formuló cargos por ello contra el entonces alcalde de Tlapa, Willy Reyes. Y ahí, por motivos nunca explicados, el proceso jurídico fue frenado, pues Reyes Ramos no pudo ser detenido mientras permaneció al frente de la presidencia municipal por el fuero con el que contaba, y extrañamente tampoco después de haber terminado su gestión. A finales de noviembre de 2011, la procuraduría solicitó al Congreso local de Guerrero desaforar al alcalde Willy Reyes para poder detenerlo, lo que nunca ocurrió.

Ya para entonces era evidente que Willy Reyes era protegido y que alguien con poder impedía que fuera detenido. Al concluir la gestión de Willy Reyes en la alcaldía de Tlapa en septiembre de 2012, y cuando se suponía que la procuraduría podía aprehenderlo sin limitante alguna porque ya no tenía fuero, sencillamente no lo hizo.

La impunidad de que gozaba Willy Reyes entró en un nuevo ciclo en noviembre de 2013, cuando un juez emitió o revalidó una orden de aprehensión en su contra. El 7 de febrero de 2014 sostuvimos en esta columna que era muy probable que el entonces alcalde de Tlapa haya financiado generosamente en su región la operación electoral de la campaña de Ángel Aguirre Rivero por la gubernatura, que finalmente ganó a principio de 2011, y que estuviera recibiendo un pago también generoso vía la impunidad de que gozaba. También escribimos que Willy Reyes era en realidad un político insignificante, insignificante pero con dinero, pues se dio el lujo de contratar a uno de los abogados más caros y eficaces, no del estado sino del país, Xavier Olea Peláez, personaje central en esta historia.

En marzo del 2014 el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales de la procuraduría de Guerrero, Víctor Jorge León Maldonado, dijo que ya estaban buscando a Willy Reyes. Sin embargo, entre octubre de 2012 y esa fecha, el ex alcalde de Tlapa era intocable, y hasta apareció públicamente y realizó como si nada algunas actividades políticas. En un alarde de su condición especialísima, dijo incluso que quería ser nuevamente candidato del PRI a la presidencia municipal para las elecciones de 2015. Y más aún: en ese periodo en que ya estaba formalmente acusado del crimen, fue recibido al menos en dos ocasiones por el gobernador Ángel Aguirre.

A lo largo de unos dos meses después de liberada en noviembre de 2013 la orden de aprehensión en su contra, Willy Reyes permaneció en Tlapa, a la vista de todos, sin que fuera molestado por el Ministerio Público. Pero entrado el 2014, en algún momento una voz autorizada –una voz gubernamental, sin duda– parece haberle recomendado que era preferible que huyera. Y huyó. Por otra parte, no parece haber sido buscado nunca, pues todo mundo sabía dónde podía ser encontrado.

Con esos antecedentes, el gobernador Héctor Astudillo Flores propuso como fiscal del estado a Xavier Olea Peláez, en la terna que el Congreso analizó en diciembre de 2015. Como era obvio que Olea Peláez era el “bueno”, señalamos entonces que era un despropósito proponer a este abogado como fiscal, dado el notorio conflicto de interés en que incurriría por haber sido el abogado defensor de Willy Reyes, pues en el ejercicio de sus funciones se vería obligado a buscar y detener a su defendido. En respuesta y para aclarar el tema ante la opinión pública, Olea Peláez se comprometió a ejecutar la orden de aprehensión contra Willy Reyes. En marzo de 2016 el fiscal Olea Peláez dio a conocer que había solicitado a la Interpol la captura del ex alcalde de Tlapa, bajo el supuesto de que se escondía en el exterior. Pasaron dos años más sin que la captura se produjera, hasta que el 11 de enero de este año repentinamente Willy Reyes se entregó en las instalaciones de la Fiscalía en Tlapa, y el 15 de enero el juez le dictó formal prisión, con base en la existencia de elementos suficientes para someterlo a proceso como autor intelectual del asesinato de Moisés Villanueva.

Pareció así que el fiscal Xavier Olea cumplía su compromiso de capturar a su antiguo defendido. El propio gobernador Héctor Astudillo celebró que la ley se aplicara contra Willy Reyes, dijo que había suficientes elementos para fincarle responsabilidad por el doble crimen y sostuvo que su gobierno no tenía ninguna intención de dejarlo en libertad. (El Universal, 15 de enero de 2018)

Sin embargo, ahora podemos estar seguros de que la entrega de Willy Reyes fue el primer paso de un montaje diseñado para simular la impartición de justicia y regalarle la libertad. Según se ve hacia atrás, la operación requería que Olea Peláez se retirara de la Fiscalía. El 25 de abril Xavier Olea renunció a la Fiscalía, sin que se explicaran –ni él ni el gobierno— los motivos de tal renuncia. Y el 28 de junio Willy Reyes abandonó el penal de Tlapa.

Como se desconoce la argucia legal que fue empleada, así como la naturaleza, las bases y el alcance definitivo de la decisión judicial que le abrió a escondidas las puertas de la cárcel a Willy Reyes, resulta ingenuo pensar en su reaprehensión. Sin embargo, eso es lo único en lo que deberían pensar hoy la Fiscalía de Guerrero, el gobierno y el mismo gobernador Héctor Astudillo. Y también en fincarle responsabilidad a Xavier Olea, que ostensiblemente utilizó a la Fiscalía para sacar de la cárcel a un criminal.

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