OTRO PAÍS

Tomás Tenorio Galindo

El próximo miércoles se cumplirán cuatro años del ataque armado contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, que provocó la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes cuyo destino hasta ahora no ha sido determinado de manera incontrovertible.

En entrevistas y en un videomensaje a propósito de su sexto informe de gobierno, hace tres semanas el presidente Enrique Peña Nieto prácticamente cerró este caso concediendo carácter definitivo a la llamada “verdad histórica”, según la cual los 43 jóvenes fueron ejecutados por el cártel Guerreros Unidos e incinerados en el basurero de Cocula, una población próxima a Iguala.

Sin embargo, en sentido contrario al deseo y al interés de Peña Nieto, la investigación del caso Ayotzinapa no sólo no está cerrada –en el sentido jurídico y en el sentido social–, sino que muy pronto tendrá continuidad bajo el resguardo de una comisión de la verdad como lo ordenó un tribunal colegiado de Tamaulipas y al amparo de la voluntad política del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se comprometió a crear también una comisión de la verdad.

Hay lógica en la pretensión de Peña Nieto de cerrar el caso tal y como está descrito en la “verdad histórica”, pues es congruente con la denegación de justicia que se impuso a lo largo de estos cuatro años en los que su gobierno sólo actuó contra una parte de los responsables materiales e intelectuales (el ex alcalde José Luis Abarca y numerosos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos), mientras se fabricó una versión inverosímil que fue desmentida por el Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y quedó intocada, encubierta, la muy probable responsabilidad de militares y agentes de la Policía Federal en los hechos de aquella noche infernal.

La Procuraduría General de la República dijo hace un año haber atendido las recomendaciones del GIEI y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución esta última que también puso en duda la veracidad de la hipótesis del basurero de Cocula, pero eso fue mentira. Entre las observaciones que la PGR no ha atendido se encuentra la investigación del papel desempeñado por policías federales y policías del municipio de Huitzuco en la desaparición de los estudiantes, y la hipótesis sustentada por la CNDH de que al menos un grupo de ellos fue trasladado al sur de Iguala, hacia Huitzuco, en lugar de ser llevados a Cocula –que está al norte de la ciudad– como afirma la versión oficial.

Este determinante aspecto de las investigaciones fue señalado por la CNDH y retomado por el GIEI, y la PGR fingió en su momento tomarlo en cuenta, pero hasta la fecha no hay ningún policía de Huitzuco acusado de nada, ni indicios de que esa vertiente de los hechos haya sido investigada.

Esa simulación obedece a la decisión tomada por el gobierno de Peña Nieto de no moverse ni un centímetro de la versión adoptada por la PGR, detrás de lo cual parece hallarse el propósito de no ensuciar la imagen del Ejército y de la Policía Federal. Pero son numerosos los indicios y los testimonios que incriminan a efectivos militares y a agentes federales en el ataque, si no con el dedo en el gatillo sí como observadores pasivos de la tragedia.

Lo cierto es que la sola magnitud del ataque contra los estudiantes incrimina a soldados y federales, pues no hay una explicación racional ni excusa ante el hecho de que comandos armados auxiliados por la policía municipal hayan tomado la ciudad y desatado balaceras por todas partes, en las narices del Ejército y de la Policía Federal. También incrimina al ex gobernador Angel Aguirre Rivero, que después de haber sido notificado del primer ataque tuvo más de dos horas para movilizar a las fuerzas estatales, para coordinarse con el gobierno federal o para frenar más muertes y la desaparición de los 43 normalistas, pero no lo hizo.

Lo nuevo en el cuarto aniversario de aquella tragedia es que los padres de los estudiantes desaparecidos se reunirán pasado mañana con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, encuentro al que precede la promesa hecha por el candidato presidencial de Morena –y reiterada por él mismo y su equipo de colaboradores en esta etapa de transición— de que su gobierno sí hará justicia y esclarecerá este caso. Para ello anunció la creación de una Comisión de la Verdad y solicitó ya el regreso del GIEI, lo que genera una atmósfera de compromiso, muy diferente y en contraste con la lúgubre cerrazón de Peña Nieto.

En el otoño de su sexenio, el respaldo total que dio Peña Nieto a la versión oficial y con ello a la impunidad, refleja con gran claridad la insensible personalidad del presidente. Mientras que su determinación de proteger a cualquier costo a integrantes del Ejército, de la Policía Federal e incluso al ex gobernador Aguirre Rivero, traza el lindero de sus prioridades. Todo ello parece inspirado en un concepto del poder al estilo diazordacista, distanciado de toda humanidad, que cree estar protegiendo al sistema político, al gobierno, al Estado mexicano, aunque con ello destroce lo que debió haber sido la única prioridad, que es la justicia y el Estado de derecho. Si a lo anterior se agrega la ausencia de solidaridad con las víctimas y compasión por el dolor ajeno, el retrato presidencial queda completo.

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