El Gobierno de Bolivia anunció la detención de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, para procesarla por el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019, en una acción calificada por la exgobernante como “abuso y persecución política”.


“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, escribió el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su cuenta de Twitter.

La aprehensión, en momento y lugar no revelados de inmediato, fue anunciada horas después de que se divulgara una orden de captura emitida por dos fiscales que procesan una denuncia de golpe contra los responsables de la interrupción democrática de 2019, de la que surgió la administración transitoria de Áñez.

La expresidenta, que estaba en paradero desconocido desde que la fiscalía allanara en la tarde del 12 de marzo su domicilio en la ciudad amazónica de Trinidad (noreste), reiteró en el tuit que el proceso judicial por el golpe de 2019 no tenía fundamento.
El Gobierno “me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos”, dijo.

Previamente, Áñez —quien era segunda vicepresidenta del Senado durante la crisis política de 2019— había afirmado que su ascenso al poder tras la caída de Morales no fue un golpe sino una “sucesión constitucional”.

Jeanine Áñez fue acusada de sedición y terrorismo por los sucesos que precipitaron el derrocamiento de Evo Morales.
Todavía no se sabe si el juez de medidas cautelares le concederá a Áñez el arresto domiciliario o si pasará a detención preventiva mientras avanza la investigación.

La orden de aprehensión ejecutada contra Áñez abarca en total a diez personas, incluidos cinco exministros del Gobierno transitorio y cuatro exjefes del alto mando de las Fuerzas Armadas.
Otros cuatro excomandantes militares y policiales habían sido objeto de mandamientos previos de aprehensión, con los que sumaban 14 las personas cuya captura procura la fiscalía en el proceso por el golpe.
Los opositores rechazan la acusación y señalan al presidente del país, Luis Arce, y al expresidente Evo Morales por desatar una “persecución judicial” por venganza. La misma Áñez presentó varias demandas judiciales en contra de Arce que al final fueron desechadas.
A su vez, el líder del principal partido de la oposición, Comunidad Ciudadana, y el expresidente de Bolivia Carlos Mesa declaró que es una “acción de amedrentamiento” tras la derrota de MAS en los comicios, cuyo recuento oficial aún no está cerrado .
“El Poder Judicial es un instrumento de persecución, no es justicia. Buscan descabezar a la oposición instalando una falsa narrativa para desvirtuar el fraude”, dijo a una emisora de radio.

Las acciones judiciales se realizaban a partir de una demanda presentada por la exdiputada Lidia Patty del gobernante Movimiento Al Socialismo, quien pretende también el enjuiciamiento del ultraderechista exlíder cívico Luis Fernando Camacho, recién electo gobernador del rico departamento oriental de Santa Cruz.