OTRO PAÍS

 

Tomás Tenorio Galindo

Nestora Salgado García, en aquellos días comandante de la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá, fue encarcelada en agosto de 2013 sin haber cometido delito alguno. Fue enviada a prisión por iniciativa del entonces gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero. Para consumar la infamia, la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía) utilizó a algunos detenidos por la Policía Comunitaria –detenidos por cometer faltas de diversa importancia en su comunidad– y los hizo denunciarla penalmente por el delito de secuestro.

Fue un acto arbitrario de Aguirre Rivero, motivado por intereses de control político y ejecutado con evidente ánimo vengativo. La magnitud de la hostilidad gubernamental contra Nestora Salgado se puede medir por el hecho de que mientras en el estado el Poder Judicial obedecía la consigna oficial y la mantenía en prisión a como dé lugar, el juez federal José Luis Arroyo Alcántara, del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con sede en Chilpancingo, descartó en marzo de 2014 las acusaciones por secuestro y delincuencia organizada que por su parte le adjudicó la Procuraduría General de la República, y determinó que en las acciones que le eran cuestionadas, la coordinadora comunitaria actuó conforme a las facultades establecidas en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado, la ley que regula la actividad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a la que pertenece la Policía Comunitaria de Olinalá. Esa ley de carácter estatal regula a las policías comunitarias creadas en Guerrero, pero sólo a las surgidas bajo el amparo de la CRAC.

El juez Arroyo Alcántara estableció que, para todo efecto práctico y legal, la Policía Comunitaria de Olinalá pertenece al sistema de seguridad pública de Guerrero y las acciones de Nestora Salgado fueron “actos de autoridad”, no hechos delictuosos. Tan no eran hechos delictuosos, que el propio gobernador mantenía contactos institucionales con todas las policías comunitarias y realizaba reuniones a las que acudía Nestora Salgado.

Pese a la claridad y contundencia del criterio del juez federal que exoneró a Nestora Salgado y exhibió el montaje del gobierno de Aguirre Rivero, la Fiscalía del estado –primero a cargo de Iñaky Blanco Cabrera y luego de Miguel Angel Godínez Muñoz— siguieron adelante en sus acusaciones con la complacencia del Tribunal Superior de Justicia.

En una postura absolutamente ilegal, Aguirre Rivero y el procurador Iñaky Blanco dijeron en agosto de 2013, para justificar la detención de Nestora Salgado, que la Policía Comunitaria de Olinalá no pertenecía a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y, por lo tanto, se trataba de un grupo armado al margen de la ley. Digamos entre paréntesis que, mientras ejecutaba la detención de la señora Salgado García, Aguirre Rivero financiaba y armaba por lo menos a otro numeroso grupo de autodefensas que le era afín, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, responsable de muchos asesinatos cometidos de entonces a este día.

Al cabo de dos años y medio de reclusión, el caso de Nestora Salgado fue y regresó de la infamia política a la aberración jurídica. En enero de 2016 un centenar de organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron al gobernador Héctor Astudillo Flores –quien en esa fecha tenía menos de tres meses de haber asumido el cargo— la liberación de la dirigente comunitaria. A esa demanda se sumó la embajada de Estados Unidos en México, que reclamó la falta de notificación al consulado estadunidense debido a la doble nacionalidad de Nestora Salgado. Simultáneamente, la CNDH documentó la violación de derechos contra la comandante durante su detención. Debe recordarse que ninguno de los presuntos agraviados utilizados por las autoridades para formular los cargos se presentó a las audiencias de los procesos contra Nestora Salgado, ni ratificó su denuncia por “secuestro”. Ni siquiera las dos presuntas víctimas que la semana anterior aparecieron ante la prensa para exponer sus casos.

En ese contexto se produjo la liberación de Nestora Salgado en marzo de 2016. Es significativo, sin embargo, que su liberación se haya producido por deficiencias en el cumplimiento de un formalismo (no avisar de la captura al consulado estadunidense) y no por el reconocimiento de la arbitrariedad que originó su detención, y que la Fiscalía General del Estado (para ese momento a cargo de Xavier Olea Peláez) haya mantenido su negativa a desistirse de los cargos pese a las evidencias de que eran infundados o falsos. Por esta decisión es que existían en el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero apelaciones que fueron reactivadas la semana pasada al calor de los intereses del candidato presidencial del PRI.

Junto a lo anterior, debe decirse que la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió el 3 de marzo de 2016 una recomendación al gobernador Héctor Astudillo, al ex fiscal Xavier Olea y al Congreso del estado, en la que reportó la violación de los derechos humanos contra Salgado García, al mismo tiempo que la violación de los derechos de 12 personas detenidas por la Policía Comunitaria y sometidas a un proceso de reeducación, presumiblemente las mismas que denunciaron su secuestro. Es decir, maltrato por parte de los comunitarios sí hubo, pero eso es algo muy diferente del delito de secuestro.

La liberación de Nestora Salgado representó hace dos años una rectificación de la justicia y su caso ilustra el envilecimiento y las grandes pérdidas morales y éticas que el ejercicio de gobierno sufrió durante los diez años que el PRD estuvo en el poder en Guerrero. Tiempo atrás habría sido impensable que un gobierno priista arreglara aquello que descompuso un gobierno de izquierda, pero eso es exactamente lo que sucedió en el caso de Nestora Salgado: un gobierno del PRD, el de Aguirre Rivero, la encarceló, y un gobierno del PRI la liberó, porque aun cuando se ignoren las gestiones específicas que pudo haber realizado, y la tradición política le impida hacerlas públicas, se advirtió en el desenlace de este caso la intervención decisiva del gobernador Héctor Astudillo.

Nada de todo lo anterior fue tomado en cuenta por el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, cuando en el segundo debate acusó a Nestora Salgado –ahora candidata de Morena al Senado– de ser secuestradora y le endosó a Andrés Manuel López Obrador la responsabilidad de regalar tribuna y fuero a una “delincuente”. Se trató en realidad de un acto ruin con el objetivo de golpear a López Obrador, de mostrarlo como protector de delincuentes. Como lo dijo la semana pasada el propio aspirante priista: el problema es con López Obrador. Es posible que la artificiosa campaña montada con el caso de Nestora Salgado le haya reportado algún beneficio a José Antonio Meade, pero es muy improbable que eso haya cambiado las tendencias que favorecen al candidato de Morena. Porque finalmente, esta campaña describe más a Meade que a la propia ex comandante comunitaria o a López Obrador.

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