EDF sería responsable por contribuir a violaciones al consentimiento libre, previo e informado así como por ataques a defensoras y defensores de derechos humanos en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú

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Periodistas Unidos. Ciudad de México/Berlín. 13 de octubre de 2020. Miembros de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, presentaron el día de hoy en París una demanda civil en contra del gigante energético Electricité de France (EDF) por violación a sus derechos humanos.

Se trata de la primera acción legal de su tipo iniciada por una comunidad indígena de las Américas,​y es acompañada por la organización mexicana Proyectode Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. ProDESC, y el European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR.

EDF sería responsable por ​contribuir a violaciones serias a los derechos de la comunidad, al fallar en la identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección en el desarrollo de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.

La empresa firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto.

Estas omisiones de EDF llevaron a una escalada de violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad, quienes son estigmatizados, amenazados y atacados por grupos cercanos a la empresa. Unión Hidalgo buscó justicia en México.

A partir de un amparo presentado por personas defensoras, en octubre de 2018 un Juzgado Federal en México falló históricamente en favor de la comunidad y ordenó a las autoridades Mexicanas el desarrollo de una consulta que cumpliera los más altos estándares internacionales.

Sin embargo, la actuación de la empresa y la de sus socios comerciales locales no cambió.

Asimismo, desde 2017 miembros de la comunidad buscaron un diálogo con la empresa, sin éxito. Inclusive, en 2018 presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Francia, sin obtener resultados positivos.

Es por ello que la comunidad tuvo que acudir hasta la Corte de París demandando el respeto a sus derechos.

La demanda presentada solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla su obligación de respetar derechos humanos, establecida desde 2017 en la Ley francesa del deber de vigilancia, y con ello evitar que se sigan cometiendo mayores violaciones en contra de la comunidad.

“Este es un llamado claro para que EDF termine sus abusos, cambie su mal comportamiento y deje de buscar imponer a toda costa su proyecto. El que un parque eólico se desarrolle violando los derechos humanos no es justo ni en México ni en Francia ni en ninguna parte del mundo”, dijo Rosalva Martínez, defensora de derechos humanos de Unión Hidalgo.

La demanda es apoyada públicamente por diversas organizaciones francesas, europeas e internacionales, tales como CCFD-Terre Solidaire, Sherpa, Les Amis de la Terre France, el ​Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, SOMO, OECD Watch y Fair, Global and Green Alliance (FGG).

“Las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad. Pero EDF también es responsable y tiene incluso una mayor responsabilidad en contextos de violaciones sistemáticas como México. Hasta ahora, nadie le había exigido rendición de cuentas por sus actuaciones; la demanda presentada constituye una gran oportunidad para ello. Es tiempo de que EDF cumpla.”, señalaron ​Alejandra Ancheita y Miriam Saage-Maaß de ProDESC y el ECCHR.

Diversos organismos de derechos humanos en México y a nivel internacional se han pronunciado en torno a la situación de riesgo de las y los defensores de Unión Hidalgo, por su labor de defensa relacionada con el proyecto de EDF, requiriendo acciones inmediatas de las autoridades y la empresa.

ProDESC acompaña desde 2011 el proceso de defensa de la comunidad de Unión Hidalgo. ​El ECCHR ha colaborado desde 2018 en el proceso de litigio transnacional.