* El funcionario federal pidió a quienes aspiran a liderar al país, se comprometan con los procesos de transformación que hasta hoy han dado resultados

Otro País Noticias, Ciudad de México, 14 de febrero de 2018 (Notilegis). – El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, confió en que el Congreso de la Unión apruebe la iniciativa que expide la Ley General de Mejora Regulatoria, ya que permitirá agilizar trámites en materia económica, reducir tiempos y costos, y, así, promover la inversión y la competencia.

“La ley que será procesada y discutida por esta Cámara de Diputados, será la joya de la corona. Esta Legislatura, con esta aprobación, estará creando historia a nivel nacional e internacional”, señaló al inaugurar el foro “La necesidad de una Ley de Mejora Regulatoria”.

El funcionario federal pidió a quienes aspiran a liderar al país, tras las elecciones de julio próximo, que se comprometan con los procesos de transformación que hasta hoy han dado resultados.

“Hay frentes inconclusos en la tarea, pero hasta hoy hemos demostrado que la podemos hacer convencidos en democracia, con visiones compartidas, fortaleciendo al Estado y la tentación de regresar hacia atrás, de debilitar lo construido, es una decisión que este país no se puede dar el lujo de contemplar”, indicó.

El titular de la SE sostuvo que la Ley General de Mejora Regulatoria ayudará a mantener los incentivos fiscales, pero también permitirá la homologación del marco regulatorio y la obligatoriedad en todos los niveles de gobierno para agilizar los trámites y, así, promover la competencia económica y fomentar la inversión.

“Se debe eliminar todo lo que obstaculice los trámites y la inversión. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) ha hablado de dos mil millones de dólares (mdd) detenidos por los obstáculos de los trámites”, subrayó.

Guajardo Villareal resaltó la importancia de armonizar el marco regulatorio en los tres niveles de gobierno para agilizar y reducir la disparidad que existen en estados y municipios del país.

“No podemos tener esta disparidad de los estados y municipios, pues finalmente terminan haciéndose daño cuando pierden competitividad frente a otros. Probablemente el regulador aumenta su poder local, pero el que sufre es el ciudadano a falta de oportunidades”, explicó.

Dijo que la ley debe contemplar la creación de un catálogo nacional obligatorio para el registro de trámites.

El secretario de Economía agregó que es indispensable que este proceso democrático de reformas se realice bajo los principios de transparencia y participación ciudadana.

“No podemos establecer este tipo de cambios y modificaciones sin un sistema abierto y público para que lo que hagamos no sea de intromisiones innecesarias a la libre competencia, ni favoritismo específico a ciertos métodos o tecnología concreta, sino que favorezca la competencia y responda totalmente al interés ciudadano”, apuntó.

El funcionario recordó que al inicio de la presente administración se proyectó reducir el costo de tramitología en México a la mitad o muy cercano a la mitad y muy similar a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“De haber iniciado con costo del 4.25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), estamos ya en 2.60 por ciento. De hecho en 2015, la OCDE nos reconoció como el país con mejores prácticas de consulta pública en leyes de regulación, dentro de sus miembros”, resaltó.

Guajardo Villarreal insistió en la necesidad de aprobar la Ley General de Mejora Regulatoria para garantizar que los ciudadanos puedan vivir su vida activa y productiva sin gastar horas en tramitología y burocracia.

Durante el evento se llevó a cabo el panel “Beneficios de la mejora regulatoria”, en el que participaron Juan Pablo Castañón Castañón, presidente general del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Confemer).

Asimismo, Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídico del Ejecutivo Federal; Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila y el diputado con licencia, César Camacho.