*La organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó el recurso contra la Sedesol, la Sedatu y la Universidad Autónoma del Estado de México.

 

Otro País Noticias, Ciudad de México, 19 de septiembre (EFE).- Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra de funcionarios de varias secretarías y de la Universidad Autónoma del Estado de México por el desvío de dinero que destapó la galardonada investigación periodística llamada “La estafa maestra”.

“Las investigaciones contienen suficientes elementos de prueba para solicitar que se abra una investigación relacionada con los convenios celebrados entre diversas entidades y universidades públicas mediante la subcontratación de empresas privadas, algunas de ellas catalogadas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria”, indicó hoy la ONG en un boletín.

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La denuncia fue en contra de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Universidad Autónoma del Estado de México y diversas empresas fantasma.

Esta demanda se suma a las acciones jurídicas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).

“Estamos conscientes de que la corrupción no se resuelve con la sanción de unos cuantos casos emblemáticos, pero también de que la impunidad prevaleciente no puede persistir”, agregó la entidad civil.

Con esta denuncia MCCI busca que las instancias de procuración e impartición de justicia actúen no con base en propósitos políticos, sino con base en los principios que subyacen a la creación “de una fiscalía autónoma e independiente y en la aspiración constitucional de contar con una justicia pronta y expedita”, concluyó.

De acuerdo con esta investigación, el gobierno federal, a través de 11 dependencias, utilizó un esquema de empresas fantasma para desviar miles de millones de pesos.

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Según el reporte periodístico, fueron al menos 7,670 millones de pesos (unos 410 millones de dólares) que fueron entregados a 186 empresas.

Pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos por no tener ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existían.