El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular reformas a los artículos 116 y 127 de la Constitución sobre remuneración de servidores públicos, a fin de que ningún funcionario pueda percibir un salario mayor al del presidente de la República.

El dictamen, que fue turnado al Senado de la República, establece en un artículo transitorio la creación de un organismo técnico encargado de hacer los estudios para definir los parámetros, elementos y procedimientos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos.

El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor de este decreto, en dichas reformas se deberá establecer el organismo técnico responsable de los estudios, apuntó.

La diputada federal Miroslava Carrillo Martínez sustentó el dictamen, al destacar la importancia de las tres iniciativas integradas por las diputadas Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y María Chávez Pérez, de Morena, así como la presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, expuso que los legisladores de diversos grupos parlamentarios reconocen un cambio en la forma de gobernar bajo una política de austeridad que se ha implementado desde la Presidencia de la República.

Por tanto, consideró que el Artículo 127 es claro al mencionar que las remuneraciones de los servidores públicos en general deben ser adecuadas, irrenunciables y proporcionales a sus responsabilidades, por lo que no deben rebasar el límite de la establecida para el presidente de la República.

A su parecer, es necesario hacer un esfuerzo de austeridad en México, a fin de equilibrar las remuneraciones en un contexto económico nacional donde prevalecen la pobreza y la desigualdad.

La diputada Claudia Pastor Badilla, del PRI, pidió suspender la discusión del dictamen, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Remuneraciones e instruyó “que legisláramos porque es facultad del Congreso, no del Ejecutivo”, moción que fue desechada.

La coordinadora de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, dijo estar de acuerdo en que los sueldos de los funcionarios públicos deben ser acordes con la realidad económica del país y conforme a las responsabilidades que desempeñan.

Reconoció que se han producido excesos escandalosos en relación con sueldos y privilegios exorbitantes, que se atribuían quienes desempeñaban puestos en algunos entes de la administración pública, situación que debe ser corregida a la brevedad.

En tanto, la legisladora Adriana Gabriela Medina, de Movimiento Ciudadano, expuso que esa reforma es una de las oportunidades más importantes que ha construido la presente legislatura, “para que con una buena redacción abonemos a cambiar la concepción sobre el servicio público en México”.

A nombre del PRI, María Alemán Muñoz Castillo consideró que el objetivo de la iniciativa es ampliar la intromisión del Poder Ejecutivo en los otros Poderes de la Unión y en los órganos dotados de autonomía, a través de los límites de las remuneraciones de los servidores públicos.

En su opinión, el dictamen aprobado en comisiones tiene como base el criterio arbitrario y unilateral que fijó el presidente sobre su propia remuneración mensual, por lo que la aprobación representa una validación de esta decisión “arbitraria y falta de objetividad por parte del Poder Ejecutivo”.

Por el PAN, el diputado Marcos Aguilar Vega aseveró que el texto a votar no daba certeza a la regulación de la remuneración de los servidores públicos, y en opinión de esa bancada “esta reforma no da certeza bajo el texto que se pretende aprobar”.

Por Morena, Pablo Gómez Álvarez ofreció que, si se quiere, desde mañana se empiece a discutir sobre la reforma legal para señalar esos parámetros “que impidan que mañana lleguen otros gobernantes y se empiecen a subir otra vez el sueldo”.