*En Colima y Guerrero la cifra aumenta a 50 y 60 mil pesos, asegura la especialista Patricia de Obeso

Elia Baltazar / Reportajes especiales

Otro País Noticias, El costo de la violencia en el país equivale a 18 por ciento del PIB y a 25 mil pesos por persona, pero en estados como Colima y Guerrero la cifra aumenta a 50 y 60 mil pesos, afirmó Patricia de Obeso, coordinadora en México del Instituto para la Economía y la Paz, durante la presentación del informe “Descifrando el gasto público en seguridad 2016”.

Elaborado por la organización civil Ethos, el reporte señala que, aun cuando el gasto en seguridad creció 61 por ciento entre 2008 y 2015, la violencia aumentó en el país por la escasa capacidad de respuesta de la policía y la inexistencia de una estrategia de prevención.

Así México se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo con 15.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, aunque “podemos terminar el año con 20 homicidios por cada 100 mil habitantes”, aseguró Liliana Alvarado, directora del área de Desarrollo Económico y Social de Ethos.

El estudio informa que en 2015 el gobierno invirtió 209.4 mil millones de pesos (mmdp) en seguridad, considerando las funciones de seguridad nacional y asuntos de orden público (40%),  justicia (39%) y seguridad interior (21%), explicó Alvarado.

El gasto en seguridad interna pasó de 27.2 mmdp a 43.9 mmdp, lo que representa 1.4 por ciento del gasto total del gobierno federal. El promedio de gasto en seguridad interna de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 4.7 por ciento.

Más de la mitad de estos recuersos se invierten en la policía (60%). El reporte señala que se invierte en aumentar el número de elementos, pero no en dotarlos de capacidadades de respuesta necesarias. Por ejemplo, la Policía Federal creció de 11 mil 663 elementos en 2006 a 43 mil 724  en 2015 (incremento de 275%) y su salario pasó de 15 mil 817 pesos en 2010 a 20 mil 552 en 2015 (30% más).

Ernesto López Portillo, especialista en seguridad ciudadana, comentó que el tema no debería ser el ordenamiento de las policías en Mando Único o Mando Mixto, sino una reconstrucción de la misma. “No es posible que haya entidades donde 9 de cada 10 adultos desconfien de la policía”.

Alvadaro advirtió que en México no hay una estrategia nacional de prevención del delito. Este año desapareció el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), que en 2016 tuvo un presupuesto de 2 mil millones de pesos.

Actualmente, las acciones de prevención recaen únicamente en las secretarías federales, que ejercen 139.1 mmdp en la materia (2.8% del presupuesto total del gobierno federal). La Secretaría de Educación Pública es la dependencia que más recursos destina (53%) a ese rubro, pero hay algunas actividades cuya relación con la prevención del delito no es clara. Entre ellas, el sistema de becas Pronabes y el programa de escuelas de tiempo completo, dijo Alvarado.

Los estados, sin rendición de cuentas

De Obeso aseguró que los estados combaten 95 por ciento de los delitos, pero la mayor cantidad de los recursos que utilizan para ello provienen de la Federación, específicamente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). Este último es una fusión del Subsidio para la Policía Acreditable (SPA) y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).  

En 2016 el FASP tuvo un presupuesto de 7 mil millones de pesos y el Fortaseg de 4 mil millones. Sin embargo, para 2017 ambos tuvieron un decremento importante en el presupuesto asignado, dijo la directora del Instituto para la Economía y la Paz.

El informe además anota que de las 552 auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a estos fondos, resultaron 4 mil 521 recomendaciones que evidencian poca transparencia en la asignación de recursos, adquisiciones opacas, débiles mecanismos de evaluación, mecanismos inadecuados de control y fiscalización, ausencia o insuficiencia sobre el destino del gasto, entre otras.

López Portillo comentó que debe haber consecuencias por la “crónicamente débil” rendición de cuentas, ya que una democracia que no transparenta sus recursos no es una democracia y no hay Estado de derecho.  

La cifra negra muestra que sólo uno de cada 10 delitos es denunciado, por lo que el fenómeno delictivo es mayor a lo reportado. “Una menor cifra negra implica mayor capacidad del gobierno para perseguir y sancionar el delito”, dijo Alvarado. Muchas de las razones por la que no se denuncia se atribuyen a las autoridades: 31% considera pérdida de tiempo, 16% desconfianza en la autoridad, entre otras.

En México hay 367 policías por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio de los países de la OCDE, a la que pertenece México, es de 297, lo que evidencia la ineficiencia de los cuerpos policiacos. Pero sólo hay 4.2 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando la media de la OCDE es de 16 jueces.

De Obeso concluyó con que tenemos más de diez años con una estrategia en seguridad fallida. Por su parte, López Portillo dijo que la suma de los recursos gastados es monumental comparada con los resultados.