OTRO PAÍS

Tomás Tenorio Galindo

“El próximo gobierno federal llegará al fondo del caso Ayotzinapa y se castigará a los responsables, así se trate de elementos de la Armada, el Ejército o un gobernador”, dijo Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Gobernación para derechos humanos, el martes de la semana pasada durante el foro para la pacificación realizado en Acapulco. Con la expresión “un gobernador” se refería al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Por una decisión política del actual gobierno federal, no existe a la fecha ninguna imputación formal contra Ángel Aguirre por el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos el 26 de septiembre de 2014, y que se sepa, ni siquiera fue investigado como se imponía hacerlo.

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Sin embargo, la complacencia mostrada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hacia Aguirre Rivero –que a la vieja usanza ofreció la renuncia del ex gobernador para acallar el clamor social que exigía una investigación– no suprime la carga de responsabilidad que inevitablemente le corresponde por esos brutales acontecimientos.

Aguirre Rivero, quien como gobernador se ufanaba de tener el control de todo lo que sucedía en Guerrero, dirigió los movimientos de la policía estatal en Iguala después del primer ataque a balazos contra los estudiantes y tuvo horas para impedir lo que sucedió después, pero no lo impidió. Como no impidió es su momento, sino que alentó, el ascenso de un individuo siniestro como José Luis Abarca a la candidatura del PRD y luego a la presidencia municipal de Iguala, sabiendo, como se sabía, y al menos como tenía que saberlo él, que se trataba de un capo del narcotráfico asentado en esa ciudad.

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Después de la promesa de justicia que López Obrador hizo en su campaña a los padres de los normalistas, el compromiso expresado por Encinas en Acapulco es la formulación más clara del próximo gobierno en lo que respecta al caso Ayotzinapa. Y es de hacer notar que no hubo en esta ocasión ninguna apelación al perdón y al olvido que tanta confusión ha acarreado en torno a López Obrador en el tema de la violencia y la inseguridad pública.

Aguirre Rivero es sólo una de las líneas de investigación que han sido evadidas por la Procuraduría General de la República. Otras son lo que hicieron o dejaron de hacer los policías federales y los policías del municipio de Huitzuco en la desaparición de los estudiantes, y la hipótesis sustentada por la CNDH de que al menos un grupo de ellos fue trasladado al sur de Iguala, hacia Huitzuco, en lugar de ser llevados al basurero de Cocula como afirma la versión oficial.

Este último aspecto crucial de las investigaciones tuvo que ser señalado por la CNDH y retomado en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, para que la PGR volteara a ver hacia Huitzuco. Lo hizo hace dos años, pero sólo en el papel, pues hasta el momento no hay ningún policía de Huitzuco acusado de nada, ni indicios de que esa ruta de los hechos haya sido seguida.

El compromiso asumido por el gobierno de López Obrador en palabras de su representante en el foro de Acapulco, y el encuentro que el propio presidente electo tendrá el 26 de este mes con los padres de los estudiantes desaparecidos, anticipan un vuelco profundo en el caso Ayotzinapa después de cuatro años de simulación. En el mar de incertidumbre que rodea la estrategia de López Obrador contra la inseguridad pública y la violencia, esto parece una certeza.

A propósito de Aguirre y “El Sur”

Podemos suponer muy estrecha, y nacida quizás de fuertes compromisos, la relación entre Ángel Aguirre y el director del periódico guerrerense “El Sur”, Juan Angulo, como para que este diario brinde cobijo y esté siendo usado cínicamente por el ex gobernador como instrumento en su campaña para apoderarse completamente del PRD en Guerrero y para fabricarse una imagen de inocencia en el caso Ayotzinapa. Visiblemente temeroso del gobierno de López Obrador, Aguirre Rivero ha intensificado a partir del 1 de julio su estrategia destinada a aparentar una ruptura con Peña Nieto y cercanía con el próximo presidente, estrategia que en una de sus vertientes desarrolla mediante los artículos que publica en “El Sur” a plana entera. Si sólo se tuviera como referencia la versión que ofrece en esos artículos, se diría no que es cercano, sino cercanísimo a López Obrador y su equipo. Lo cual es totalmente falso. Una prueba de ello es que quiso y no pudo ser candidato de Morena, y que la dirigencia de este partido en Guerrero finalmente se deslindó de él recientemente. Como no pudo obtener la diputación federal que le brindaría fuero, la intención de Aguirre Rivero ahora es emplear al PRD como escudo de protección para alegar más adelante persecución política, si acaso se emprende una investigación en su contra. En tal caso, un partido y un periódico local a su servicio siempre le serán útiles.

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