OTRO PAÍS

Tomás Tenorio Galindo

El perdón absoluto y explícito comprometido repetidamente por Andrés Manuel López Obrador durante toda la semana pasada, dirigido al próximo ex presidente Enrique Peña Nieto y los integrantes de su gobierno y que concretamente implica la garantía de impunidad por cualquier acto de corrupción cometido durante este sexenio, es el fruto maduro del pacto que el entonces candidato de Morena empezó a configurar desde enero de este año, antes de que comenzara formalmente la campaña por la Presidencia.

Es inútil que el propio López Obrador o su equipo nieguen la existencia de ese pacto –de hecho, tácito o como haya sido—, pues lo confirman los hechos y las decisiones, declarativamente en la campaña, con un peso específico en el periodo de transición que concluye el viernes siguiente, y con densidad oficial y efectos prácticos a partir del sábado 1 de diciembre. No por otra razón después del 1 de julio Peña Nieto desapareció del contexto nacional, prácticamente en una renuncia anticipada al poder, y López Obrador ejerce, antes de tomar posesión, una presencia pública y un poder dominante sin precedente en la historia moderna del país.

El lunes ante los micrófonos y las cámaras de Televisa y luego cada día en otros medios de información, López Obrador dijo que la corrupción que antecede a su gobierno es tan extendida y profunda que abarca todo y que no alcanzarían las cárceles para castigar a los responsables. Y que si desata una persecución contra los de arriba, es decir, contra los ex presidentes, sobrevendría una confrontación, inestabilidad y el empantanamiento del país. De ahí que su solución sea poner un “punto final”, aplicar el perdón, borrón y cuenta nueva.

El 25 de enero, en una trascendental entrevista concedida al director del diario “Tabasco Hoy”, Miguel Cantón Zetina, éste le hizo la siguiente pregunta al candidato de Morena: “Para unir al país y gobernar en armonía, ¿estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña, entre otros políticos, incluyendo a algunos empresarios?” López Obrador respondió: “Sí, no es mi fuerte la venganza, lo que importa es sacar adelante a México, eso es lo más importante y pensar hacia adelante; no odio, no podría vivir con odios, soy muy feliz”. Enseguida se explayó y se explicó: “No va a haber persecución, no va a usarse el Poder Ejecutivo en este caso, no se dará instrucción desde la Presidencia de la República de perseguir a nadie por cuestiones de índole política, no vamos a optar por las venganzas”. Por ello, dijo, no optará por ponerse a ver desde el primer día cómo meter a la cárcel a personajes de lo que solía llamar “mafia del poder”.

Ese día apareció un nuevo López Obrador con una estrategia muy diferente en lo que concierne a los fantasmas que persiguió durante lustros. Es perceptible que López Obrador creía que el presidente Peña Nieto trataría de imponer al candidato del PRI y que impediría su victoria a cualquier costo, aunque las encuestas ya anticipaban estadísticas que hacían imposible un fraude electoral a la antigua usanza. Y es muy probable que esa desconfianza lo condujera a creer que necesitaba pactar con Peña Nieto –el verdadero destinatario del mensaje lanzado desde Tabasco–, por lo que empezó a enviar mensajes cada vez más directos, francos llamados a un pacto.

Para marzo, ya era público que López Obrador y Peña Nieto protagonizaban un inédito intercambio de mensajes políticos que hasta el análisis más simple podía muy bien interpretar como indicios de un pacto. Un pacto político que prácticamente se amasaba en público. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia llevaba semanas diciendo que en su gobierno no habría venganza ni persecución para la “mafia del poder”, en primerísimo lugar para el presidente Peña Nieto, y utilizando un lenguaje ostensiblemente conciliador.

Por su parte, Peña Nieto moderó visiblemente el discurso que había puesto en marcha desde dos años atrás como ariete contra el “populismo” de López Obrador, y aunque insistía en la defensa de sus reformas y en la necesidad de darle continuidad al programa de su gobierno, le quitó a sus mensajes continuistas el filo que solían tener hasta unas semanas antes. Parecía estarle respondiendo a López Obrador. Como escribimos entonces, era una coreografía de poder lo que se desarrollaba entre el candidato puntero y el presidente en funciones. Era evidente que con su nueva postura conciliatoria, López Obrador buscaba frenar que Peña Nieto cediera a la tentación de hacer ganar a Meade mediante un fraude, y usó como incentivo la oferta de inmunidad.

En mayo, el nuevo aeropuerto y las inversiones involucradas en ese proyecto parecen haber entorpecido el acercamiento entre López Obrador y Peña Nieto. La renuencia del tabasqueño a dar marcha atrás en su posición de suspender la construcción del aeropuerto, que es lo que le pidieron explícitamente el propio Peña Nieto y el sector privado encabezado por el empresario Carlos Slim, avinagraron la conversación de señas que por semanas habían tenido el candidato y el presidente, con mensajes y guiños emitidos a la vista pública. Pero como se sabe, ese choque se mitigó después, debe entenderse que como parte del mismo arreglo del que hablamos. Ahora ya existe un entendimiento entre los empresarios que participan en la agónica construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y el próximo presidente.

A pesar de todos los antecedentes recordados, el anuncio del perdón de López Obrador a Peña Nieto sorprendió y asombró a la opinión pública. Más sorprendió, sin embargo, que el presidente electo se contradijera y anunciara que convocará a una consulta ciudadana a realizarse en marzo del siguiente año sobre el tema de la Guardia Nacional, cuya creación es asunto de días en el Congreso, y sobre la apertura de expedientes de investigación por actos de corrupción cometidos por los ex presidentes. ¿Confía López Obrador en que la población dará su aval al perdón presidencial, de la misma manera en que respaldó su decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco?

López Obrador parece haber pagado un costo muy elevado por la tranquilidad de que su triunfo sería respetado por el gobierno de Peña Nieto, sobre todo si se considera que el presidente carecía ya de margen de maniobra para evitarlo, como sí lo tuvo y lo usó cínicamente Vicente Fox en el 2006. Aunque el costo de ese perdón no lo va a pagar López Obrador, sino la nación, con la elevadísima carga de impunidad que se agregará a la ya cuantiosa deuda que en esa materia arrastra el país.

Por otra parte, no puede dejar de señalarse la pérdida de contenido que sufre el proyecto de cambio de régimen propuesto por López Obrador, en el tema que le proporcionó mayor credibilidad y adhesión social. Porque el pacto de impunidad establecido entre López Obrador y Peña Nieto significa la mutilación de la cuarta transformación en ese aspecto central, esencial, que representa la corrupción. En estas condiciones, puede preguntarse hasta dónde es posible y real un cambio de régimen obtenido mediante un mecanismo que reproduce precisamente una de las prácticas de la corrupción política del viejo régimen, el de la complicidad y encubrimiento entre el presidente que llega y el que se va.

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