• Los propios secretarios estatales de seguridad pública pedían moche de 30%, denuncian los especialistas Juan Antonio Le Clercq y Gerardo Rodríguez

Otro País Noticias, Elia Baltazar / Reportajes especiales

Los malos resultados del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el combate a la impunidad son consecuencia de su mala aplicación, de la corrupción en los estados y la falta o desperdicio de recursos humanos, materiales y financieros para la capacitación y actuación de jueces, ministerios públicos, peritos y policías.

Así lo afirmaron Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinadores del Índice Global de Impunidad, que este lunes presentó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Acompañados del rector de esa institución, Luis Ernesto Derbez, los investigadores del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia advirtieron que el problema de la impunidad y la inseguridad no es culpa del sistema en sí mismo, sino de los responsables de su aplicación en el país, sobre todo en los estados.

Advirtieron que las autoridades pretenden desprestigiar el sistema de justicia penal acusatorio con argumentos como “la puerta giratoria” (la salida de la cárcel de delincuentes que habían sido detenidos). “Esto para volver al anterior sistema punitivo y aumentar el catálogo de penas como una forma de evadir el debate sobre la seguridad”, dijo Le Clercq.

Los especialistas hicieron énfasis en el desperdicio de recursos y la corrupción en que incurrieron autoridades locales al contratar capacitación para los operadores del sistema y los policías.

“El dinero se desvió desde lo local”, dijo Rodríguez. Explicó que los recursos se transfirieron a los estados y éstos asignaron las licitaciones de cursos y talleres a organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas y públicas y empresas para los cinco tipos de capacitación que se necesitaban: pericial, jueces, derechos humanos, policías y periodistas.

“Eran los propios secretarios estatales de seguridad pública quienes pedían el moche de 30% (a los licitantes), perdón que lo diga, pero así era”, aseguró.

El problema es que es muy difícil comprobarlo porque las auditorías estatales son las que revisan esos recursos y la propia Setec (Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal) no tenía tampoco la capacidad de monitorear la implementación.

Por eso, dijo, “hay que abrir las cajas negras de los sistemas de seguridad y justicia de los estados, que no permiten acceder a esa información”, porque “ese recurso que se malgastó fue un desfalco”.

Rodríguez calcula que del presupuesto federal han salido más de 20,000 millones de pesos para los palacios de justicia en los estados y la capacitación de policías, entre otros rubros. La cifra parece mucho, pero en realidad es poco respecto de las necesidades.

“El problema es que se desperdiciaron millones de pesos en instalaciones y capacitaciones que no llegaron a los policías, en centros de justicia estatales mal diseñados, e insuficientes recursos humanos como ministerios públicos, policías investigadores y peritos”.

En resumen: a pesar de los recursos destinados al nuevo sistema de justicia, sus capacidades estructurales son las mismas. Por ejemplo, dice, sólo aumentó 0.2% el número de jueces en el ámbito federal.

De acuerdo con el IGI que elaboró el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CEIJ) de la Universidad de las América, en México hay 4 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras en Croacia –el país mejor evaluado en impunidad– hay 44 por cada 100,000 y en América Latina son 8 por cada 100,000, en promedio.

Los coordinadores del índice advirtieron que los aparatos de procuración de justicia y seguridad necesitan más recursos, pero bien aplicados.

Mientras los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico invierten en sus aparatos de seguridad 4% de su PIB, en promedio, México destina menos de 1%, aseguraron.

“Se necesita invertir mucho más porque los recursos que se destinaron se fueron a la corrupción”, afirmó Le Clercq.

“El problema no es el sistema, sino que durante 8 años no preparamos a las fuerzas de seguridad para estar listas. Como no se hizo, la población percibe como negativos los resultados”.

Por eso advierte de las voces que piden la vuelta al viejo sistema. “El anterior, excesivamente punitivo, ocasionó que casi 50% de la población en cárcel todavía no tenga sentencia y tampoco recursos para salir de ella”.