*No es nuestro propósito evaluar el perfil personal y profesional del actual Procurador General de la República para convertirse en Fiscal General de la República: Comité de Participación Ciudadana del SNA

Otro País Noticias, Ciudad de México, 6 de septiembre de 2017 (Notimex).- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) propuso un fiscal de transición y consenso, así como redefinir el marco constitucional de la Fiscalía General de la República considerando las propuestas de los diversos actores y grupos sociales.

Planteó por un lado evaluar la pertinencia de nombrar un Procurador General de la República de transición y de consenso, que con el mismo carácter se convierta en Fiscal General de la República.

Además, propuso que, en el período de transición que al efecto se establezca, se redefina el marco constitucional de la Fiscalía General de la República, considerando las propuestas de los diversos actores y grupos sociales.

Expuso que el Poder Legislativo debe prestar atención a la opinión ciudadana en aras de garantizar la honorabilidad, autonomía e independencia que exige el puesto. “La legitimidad social de ese funcionario es fundamental”, subrayó.

Planteó que con apertura y enfoque plural se diseñe el perfil del Fiscal General de la República, en un momento en que su designación se encadenará y servirá de modelo para los nombramientos del fiscal y magistrados anticorrupción, Auditor Superior de la Federación y los funcionarios de las entidades federativas que sean equivalentes.

El Comité dio a conocer su postura sobre el tema -la cual fue dirigida a los presidentes de la República, Enrique Peña; de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero; y de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía- y sostuvo que las anteriores son condiciones ineludibles para el correcto funcionamiento del SNA.

El documento firmado por la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Jacqueline Peschard, así como Mariclaire Acosta, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez y Alfonso Hernández, asienta que México necesita de entendimientos viables que fortalezcan el Estado de derecho y protejan las instituciones públicas.

El Estado de derecho requiere de acuerdos estructurales que aseguren la civilidad política en el proceso electoral que inicia el 8 de septiembre, y los ciudadanos deben contar con la seguridad de que el poder público satisfaga los estándares constitucionales para la persecución de delitos, la impartición de justicia y el combate a la corrupción, anotó.

El Comité de Participación Ciudadana del SNA asume la responsabilidad de que ello se logre; “no es nuestro propósito evaluar el perfil personal y profesional del actual Procurador General de la República para convertirse en Fiscal General de la República. Esto corresponde a los mexicanos en general, en quienes por disposición constitucional reside esencial y originariamente la soberanía nacional”.