OTRO PAÍS

Tomás Tenorio Galindo

Otro País Noticias, La noche del martes fue evidente que el bloque integrado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados para impedir la instalación de la mesa directiva había triunfado en su única exigencia, que era anular el pase automático del actual procurador Raúl Cervantes Andrade a fiscal general. Esa noche, después de que fracasara la estrategia del PRI de integrar la mesa directiva en la sesión realizada en San Lázaro, el senador Emilio Gamboa Patrón declaró que el PRI pondría a discusión en el Senado la iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió en noviembre de 2016 para quitar el pase automático de la reforma constitucional de 2014, en la que se originó la transformación de la Procuraduría General de la república en Fiscalía General y cuya ley reglamentaria aún no es aprobada por los senadores.  

Sin embargo, a esa hora el pase automático y Raúl Cervantes estaban ya liquidados para esos efectos. No sólo por la extraordinaria presión encabezada por el PAN en la Cámara de Diputados, sino por el factor adicional y decisivo que interpuso la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que a través del diario Reforma dio a conocer el lunes que Cervantes Andrade es propietario de un automóvil Ferrari con valor de 3 millones 890 mil pesos –hecho significativo por sí solo— que aparece registrado en un domicilio “fantasma” de Morelos para no pagar la tenencia en la Ciudad de México, una conducta indigna y ética y moralmente inaceptable si se trata del procurador del país. Sería difícil hoy decir qué pesó más en el retroceso anunciado por el senador Emilio Gamboa, si la inesperada rudeza del bloque opositor o el escándalo del Ferrari.

Ayer era notorio que Raúl Cervantes no podrá ser el cómodo fiscal que, según todas las evidencias, el presidente Enrique Peña Nieto esperaba colocar mediante las maniobras emprendidas por el PRI en el Senado, aunque este partido dispone todavía de la fuerza suficiente y de aliados para intentar otro asalto en defensa del objetivo de garantizar en el futuro impunidad para el actual gobierno.

La iniciativa del PAN, a la que se sumaron el PRD y MC, puso de manifiesto la arbitrariedad que orientó desde el principio la adopción de la famosa cláusula que estableció el pase automático, probablemente pensada para beneficiar al ahora ex procurador Jesús Murillo Karam, en cuyo periodo se gestó el proyecto de reforma de la PGR.

Como sucedió en noviembre, cuando accedió a anular el pase automático, el presidente Peña Nieto y el PRI tienen en este momento la oportunidad de demostrar que es falso el supuesto de que pretenden utilizar la nueva Fiscalía como instrumento de protección post sexenal y para echar tierra a los abundantes escándalos de corrupción que han aflorado en este gobierno.

Si es cierto lo que anunció Gamboa Patrón la noche del martes, y el PRI está dispuesto a revisar el pase automático, ayer fue presentada en el Senado una propuesta más completa que resuelve el conflicto abierto por el PAN y que el priismo podría hacer suya. La iniciativa proviene del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y consiste en el nombramiento de un fiscal de transición y la redefinición de la nueva Fiscalía para incorporar los planteamientos hechos por las organizaciones sociales con el fin de garantizar la legitimidad y la autonomía del organismo. En resumen, ni Raúl Cervantes ni la misma Fiscalía que se había aprobado, proceso que empezaría con la remoción del afortunado dueño del Ferrari.

Las acusaciones del PRI contra el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sobre el origen y el destino de las acciones para impedir el nombramiento de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, no parecen haber tenido el éxito que los priistas creyeron. Según esos señalamientos, el líder panista tendió de esa forma una cortina de humo para no dar una explicación a las revelaciones periodísticas sobre el presunto enriquecimiento de su familia y de él mismo.

Es probable que esa haya sido la motivación de Anaya, pero el problema de la Fiscalía es más profundo y más serio y grave que el entorno sugerido por el PRI. Antes de que el presidente del PAN adoptara esa bandera, fue una preocupación de la sociedad y recogida por organizaciones civiles.

El tema de fondo es si el México del siglo XXI permitirá al gobierno y al partido de Peña Nieto maniobrar para disponer de un fiscal a modo cuando esta administración termine el próximo año. Sobre todo si, como puede suceder y anticipan las encuestas, el PRI pierde la Presidencia de la República.

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