*La dependencia deberá recabar información sobre la contratación del malware que sirvió para intervenir teléfonos celulares de periodistas y activistas.

Redacción

Otro País Noticias, Ciudad de México, 28 de mayo de 2018.- Un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México resolvió la impugnación 19/2008 presentada por víctimas del malware de vigilancia Pegasus en contra de la Procuraduría General de la República (PGR), por no haber admitido pruebas ofrecidas por la defensa el 20 febrero, relevantes para el avance de la investigación por espionaje.

Tras escuchar los argumentos de las víctimas y de la PGR, el juez determinó revocar la negativa de la procuraduría, exigiendo la admisión de las pruebas ofrecidas por las víctimas por considerarlas conducentes para el desarrollo de la investigación.

A partir de esta resolución, la PGR deberá pedir información a distintas instancias gubernamentales y recabar información relacionada con la contratación del sistema y de quiénes intervinieron.

Las víctimas exigieron desde la primera denuncia la incorporación de un panel de expertos independientes para que bajo su intervención brindará asistencia técnica internacional y garantías mínimas de autonomía e independencia, pero hasta la fecha no ha ocurrido, denuncian.

A casi un año de haber sido presentada la denuncia la PGR sólo ha desahogado 9 pruebas de las 70 ofrecidas por la defensa, 49 se han negado expresamente, entre ellas, las que fueron materia de la impugnación.

En la audiencia que se celebró el pasado 21 de mayo, se constató que el software Pegasus comercializado por NSO a gobiernos, fue adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal de PGR, por lo que el juez señaló que la línea de investigación debe centrarse en su adquisición y posterior uso ilegal por parte de esta instancia, informan organizaciones.

Asimismo, se reconoció el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la obligación de la PGR de conducirse con debida diligencia, señalando que no debe trasladarse la carga de la prueba a las víctimas.

Por su parte la PGR solicitó al juez la reserva de la información que eventualmente pudiera obtenerse para que las víctimas no pudieran tener acceso a ella, pero el juez denegó la solicitud.

Desde el momento en el que se presentó la denuncia, periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de organismos, víctimas del espionaje denunciaron haber advertido sobre la falta de capacidad y voluntad de la PGR para investigarse a sí misma.