OTRO PAIS

Tomás Tenorio Galindo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, presentará pasado mañana su tercer informe de gobierno. Lo hará en el contexto de una ligera reducción en los índices de homicidios en el estado –un respiro en la atmósfera asfixiante de la violencia–, y en el momento preciso en que cobra vida su propuesta de legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales, planteamiento que él formuló públicamente hace dos años como vía para eliminar al menos una de las causas de la violencia y que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, hizo suyo la semana pasada.

La información oficial difundida a finales de septiembre confirmó nuevamente que Guerrero dejó de ser el primer lugar en la tasa de homicidios calculada por cada cien mil habitantes, y que hoy se encuentra en el tercer sitio con 41.5 casos. El primer lugar corresponde a Colima con 51.8 y el segundo a Baja California con 49.9, mientras que la media nacional es de 15 casos.

Es un mérito de Astudillo Flores en estos tres años transcurridos de su gobierno haber impedido que el estado se precipitara hacia el abismo al que lo conducían las dos administraciones anteriores. Es decir, haber frenado la tendencia hacia el franco desgobierno que fue el sello de los gobernadores del PRD entre el 2005 y el 2015, primero con el empresario Zeferino Torreblanca Galindo, luego con el priista Angel Aguirre Rivero, y al final con el ex guerrillero y dirigente de izquierda Rogelio Ortega Martínez. Para no detenernos mucho en la descripción de este periodo, basta con recordar que Guerrero nunca había estado tan mal como durante esos diez años de gobiernos perredistas. En el aspecto social, la pobreza y la marginación por las que es conocido, el estado no experimentó la menor reducción. En el aspecto institucional, la corrupción y la impunidad crecieron desenfrenadamente. En materia de Estado de derecho, el gobierno del estado abdicó, en el primer sexenio mencionado incluso explícitamente y en voz del propio gobernador, a cumplir con su obligación de aplicar la ley, con lo cual cedió el control del territorio a los grupos del narcotráfico, lo que a su vez dejó a la población inerme ante el asedio de la criminalidad.

A lo largo de esos diez años los homicidios se duplicaron, de dos o tres que había al día, a los seis o siete que en promedio ocurren ahora. Por sorprendente que pueda parecer, en esos gobiernos, al amparo de la más complaciente impunidad floreció la guerra sucia contra los movimientos populares, que acabó con la vida de decenas de activistas sociales, defensores de derechos humanos e incluso políticos. Y desde luego, como para coronar este drama, en la gestión de Aguirre Rivero se produjo el ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Desmantelar las estructuras creadas y puestas al servicio de la violencia en Guerrero durante esos años ha resultado una tarea más complicada de lo que Astudillo Flores pudo haber creído en la campaña que llevó a la gubernatura en el 2015, cuando en medio del descrédito del PRD ofreció devolver la paz al estado. En su escala básica, esas estructuras de complicidad se manifiestan en los municipios –en los ayuntamientos, en las policías, en el territorio municipal–, como pudo constatarse en Iguala hace cuatro años, y como aparentemente ha sucedido en Acapulco y en Chilpancingo, donde la intervención del gobierno estatal frenó la libre operatividad de policías controladas por grupos criminales.

En Chilpancingo, a finales del año pasado y principio de este, la desaparición de siete jóvenes a manos de agentes municipales exhibió el control que el crimen ejercía sobre esa corporación, lo que en enero pasado motivó el desarme y acuartelamiento de toda la policía y el levantamiento de cargos contra algunos de sus efectivos. Es de suponer que el desarme evitó que continuara la actividad criminal de un número indeterminado de agentes, que ya comenzaban a actuar sin disimulo como delincuentes y secuestraban y asesinaban sin miramientos.

En Acapulco, el desarme de la policía municipal, ejecutado hace tres semanas, cinco días antes de que terminara la gestión del ex alcalde perredista Evodio Velázquez, puso al descubierto serias irregularidades en el mismo sentido, pues dos de los mandos fueron arrestados acusados de homicidio, 200 agentes sencillamente se esfumaron y 342 armas no fueron encontradas.

La infiltración de las corporaciones policiales por parte del crimen organizado no es un fenómeno desconocido en Guerrero. El efecto destructivo que esa práctica de la delincuencia puede alcanzar se puede medir por la trágica experiencia ocurrida en Iguala en septiembre del 2014, donde la policía municipal entregó a los 43 normalistas al cártel Guerreros Unidos. Si en aquellos años se hubiera ordenado el desarme de la policía de esa ciudad, como ahora sucedió en Chilpancingo y Acapulco, la historia sería otra.

En lo que respecta a la legalización de la amapola medicinal, el apoyo público que el secretario de la Defensa extendió la semana pasada a la iniciativa rompió los paradigmas que habían regido la actitud del Ejército en torno a las drogas y despejó el camino para su aprobación en el Congreso. El aval inmediato que dieron el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a las palabras del general Cienfuegos Zepeda, elimina cualquier obstáculo, reserva o duda acerca de cuál será la posición del gobierno entrante al respecto.

El apoyo inusitado –pero de ningún modo improvisado— del secretario de la Defensa a la idea de legalizar el cultivo de la amapola fue expresado el 5 de octubre durante la inauguración de un cuartel militar en Guerrero y mientras el general Cienfuegos estaba acompañado por el gobernador Héctor Astudillo, quien hace dos años abrió el debate público sobre este tema. Un documento elaborado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, seguramente conocido por Astudillo Flores, en el que se planteaban pros y contras de la legalización de la amapola con fines medicinales, no tuvo continuidad ni final práctico, y la idea se desvaneció en medio del rechazo de algunos miembros del gabinete y las previsibles dificultades de hacer avanzar el proyecto en la ONU y ante el gobierno de Estados Unidos, lo que es otra historia. Pero en cambio, encontró la sensibilidad requerida en el gobierno de López Obrador, lo que Héctor Astudillo podría presumir en su tercer informe. De prosperar la legalización de la amapola medicinal, Guerrero podría colocarse en la antesala del fin de la violencia, por lo menos de esa violencia incontrolable que ahí comenzó en el 2006.

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