OTRO PAÍS

Tomás Tenorio Galindo

El secuestro de la luchadora social indígena Obtilia Eugenio Manuel y su acompañante Hilario Cornelio Castro, liberados con vida la madrugada del sábado pasado en Tierra Colorada, otra vez pone de relieve la fragilidad que se mantiene en algunas zonas de la vida pública en Guerrero, inamovible con independencia de qué partido se encuentre en el poder y de los cambios políticos que experimenta el país.

Por otra parte, y si nos atenemos a la principal sospecha hecha pública acerca de los responsables de este atentado, exhibe la profundidad de la descomposición que en Guerrero sufren las llamadas “autodefensas” y policías comunitarias, muchas de ellas infiltradas o coludidas con la delincuencia organizada y transformadas en parte del problema.

Y en tercer término, viene a significar un desafío para el gobierno de usos y costumbres adoptado en el municipio de Ayutla, que está a punto de cumplir apenas cinco meses en manos de una representación indígena en la forma de Concejo Municipal Comunitario, el único de esa modalidad en Guerrero.

Dada la escasa información que existe sobre el secuestro y las circunstancias en que llegó a su fin cuatro días después de haber empezado el martes de la semana pasada allí mismo, en Tierra Colorada, no podemos sino plantear las conjeturas que permiten los datos conocidos.

Y el dato más relevante hasta ahora es una declaración del esposo de Obtilia Eugenio y secretario de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, un día después de ocurrido el “levantón”. El dirigente atribuyó explícitamente la desaparición de Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la más numerosa y la más armada de la docena de agrupaciones de autodefensas creadas en los últimos años en ese estado.

La acusación del dirigente de la OPIM encierra un universo de antecedentes que explican y brindan el contexto del secuestro sufrido por su esposa. Ramírez Rodríguez explicó que en los días anteriores al secuestro, Obtilia Eugenio había recibido vía telefónica amenazas de los que considero presuntos miembros de la delincuencia organizada, y que en esas llamadas le reclamaban por obras que se realizan en el municipio de Ayutla, con las que ella tiene que ver por sus funciones en el Concejo Municipal. Pero a continuación fue muy específico y claro al responsabilizar a la UPOEG por la desaparición de su esposa.

No lo dijo expresamente, o los medios no recogieron con precisión su explicación, pero de su señalamiento se desprende que el móvil del secuestro debe rastrearse en la dinámica del Concejo Municipal de Ayutla, del cual también forman parte representantes de la UPOEG. Si entendimos bien –y en todo caso es conjetura nuestra–, también dejó entrever la existencia de arreglos entre la UPOEG y el crimen organizado, como si a este respecto se tratara de una sola cosa.

Para tratar de comprender un poco más lo que parece y podría estar detrás de este secuestro, conviene recordar que el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla, instalado el 30 de septiembre de 2018, fue resultado de gestiones realizadas desde el 2015 principalmente por la UPOEG y su dirigente, Bruno Plácido Valerio, ante las autoridades electorales del estado y federales. Ese proceso culminó en las elecciones por usos y costumbres que en Ayutla se realizaron el pasado 15 de julio, no el 1 como en el resto del estado y del país, y consistió en una asamblea de representantes de las 140 comunidades que integran el municipio, que a su vez habían sido elegidos a lo largo de los meses anteriores. En esa asamblea, con la tutela del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero y del INE, se formó el Concejo Municipal Comunitario, que sustituyó a la presidencia municipal.

Siguiendo el apunte público de Cuauhtémoc Ramírez, la coexistencia de la OPIM y la UPOEG en ese innovador órgano de gobierno habría generado un choque de intereses. Otra vez en el plano de las conjeturas, es posible que la UPOEG reclamara un mayor control de las decisiones y que se hubiera topado con la rectitud de Obtilia Eugenio. No tendría nada de sorprendente que la UPOEG pretendiera hegemonizar o apoderarse del control del Concejo Municipal, pues esa posibilidad encaja con la personalidad desmedida de Bruno Plácido Valerio, un dirigente indígena que en los últimos seis años ha desarrollado oscuros intereses en Guerrero y medrado con la creación de “autodefensas”.

Con la experiencia que le dio participar hace 25 años en la única Policía Comunitaria reconocida y amparada en la ley, y en tareas de defensa de los derechos indígenas, Bruno Plácido saltó al estrellato en enero de 2013, cuando creó la policía ciudadana de la UPOEG con el cobijo y el financiamiento del entonces gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Entonces eran centenares los integrantes de ese grupo, que mantenía presencia en el corredor situado entre el municipio de Tecoanapa y Juan R. Escudero, nombre del municipio con cabecera en Tierra Colorada, pero –según el más reciente testimonio del propio Bruno Plácido– ese núcleo está convertido hoy en un auténtico ejército de 6 mil 500 efectivos, casi tantos como los que tiene la Policía del Estado, y tiene presencia en 40 de los 81 municipios de Guerrero. La policía ciudadana de Bruno Plácido está en todas partes, y él se jacta de erradicar a la delincuencia ahí a donde llega, lo cual es falso. Al contrario, ahí donde se para la UPOEG, todo se enrarece.

Si se hiciera un recuento pormenorizado de las actividades de la UPOEG, se confirmaría que son más los muertos que ha ocasionado por motivos políticos y de control territorial, que las bajas que le ha causado al crimen organizado. Tan sólo en el feroz enfrentamiento que desde hace tres años sostiene con el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), otro grupo de autodefensa que se originó por una escisión de la UPOEG y tiene su base precisamente en Tierra Colorada, la UPOEG ha causado ya una docena de muertos en emboscadas y ataques directos motivados por su propósito de recuperar lo que considera su territorio. La UPOEG es el grupo civil armado más grande no sólo de Guerrero sino del país, y todo ello lo ha conseguido Bruno Plácido a pesar de estar públicamente señalado de mantener nexos con la delincuencia y de haber existido –o existir a la fecha– al menos tres órdenes de aprehensión en su contra.

Ese historial de Bruno Plácido y la UPOEG da sentido a los señalamientos del secretario de la OPIM contra la UPOEG como probable responsable del secuestro de Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio Castro. Si Bruno Plácido aspira a estar en todo el estado, ¿por qué iba a respetar la integridad del Concejo Municipal de Ayutla, que en su egolatría debe considerar suyo? Hasta el hecho de que la liberación se haya realizado en Tierra Colorada, población donde el control de la seguridad lo tiene el FUSDEG, podría tener sentido en la misma dirección de las hipótesis aquí expuestas, para despistar a las autoridades o para incriminar a sus enemigos.

En declaraciones al “Sol de Chilpancingo” el viernes pasado, Plácido Valerio dijo estar dispuesto a declarar ante el ministerio público. Pero hasta en la forma de plantear las cosas se delata su personalidad, pues se dijo satanizado, negó tener problemas con Obtilia Eugenio y relató haberse comunicado con el fiscal del estado. “Le dije al fiscal que en cuanto me llamen a comparecer, yo declaro”, expresó, en clave de cacique y como si confiara en que no será llamado a comparecer. En otros casos en que la UPOEG ha cometido crímenes infames, se ha escondido.

A mayor abundamiento, la apariencia del secuestro no parece guardar relación con las viejas amenazas que se habían registrado contra la dirigente indígena fundadora de la OPIM, por las que desde hace años recibía protección oficial, protección que formalmente tenía todavía en estas fechas pero que por motivos no explicados –ni de su parte ni del gobierno– no estaba con ella cuando la requirió. Es decir, este no parece ser un asunto del pasado, sino del presente; y de un orden distinto del criminal.

Aun así, no podemos dar por hecho que la denuncia formulada por Cuauhtémoc Ramírez esté realmente fundada, aunque el contexto parezca darle la razón. Pero sería absurdo que la Fiscalía General del Estado de Guerrero la ignorara cuando existen indicios y antecedentes sólidos. Por lo pronto, en la terrible realidad del país y del estado, es un acontecimiento afortunado que los dos secuestrados hayan sido liberados con vida.

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