*Promulgada hace cinco meses, la legislación está detenida en tanto la SCJN resuelva su constitucionalidad. 

Redacción

Otro País Noticias, Ciudad de México, 20 de mayo de 2018.-  A cinco meses de la promulgación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), en los juzgados hay poco menos 8,000 amparos en tribunales de varios estados, de los cuales sólo se han resuelto 16 a favor de organizaciones de la sociedad civil y los demás deberán esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida sobre su constitucionalidad, lo cual podría tardar más de un año, tiempo en el cual podrían sumarse más amparos.

De acuerdo con información publicada por El Sol de México, siversos colectivos y organizaciones de derechos humanos comienzan a presionar al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, encargado de elaborar los proyectos de sentencia de la LSI, indicando que dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal para intervenir en protestas sociales o movilizaciones trasgrede los derechos humanos.

Aprobada el 17 de diciembre de 2017 y promulgada una semana después, la ley se detuvo hasta que la Corte decida si es o no constitucional.

El ministro Pardo admitió a trámite acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados, senadores, la CNDH y el INAI, así como diez controversias constitucionales promovidas por municipios de Puebla, Coahuila, Yucatán y el Estado de México, en las que se demanda invalidar diferentes disposiciones de la Ley de Seguridad Interior.

En enero pasado se cerró el plazo para presentar las controversias constitucionales, por lo que el ministro emplazó a las partes demandadas para que dentro de un término de 30 días contesten lo que a su derecho convenga.

“Enseguida viene el periodo de ofrecimiento de pruebas, tras el cual el ministro instructor deberá elaborar la sentencia, sin que exista un plazo para ello, por lo que todo el procedimiento puede tardar incluso más de un año”, señalan funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

Ante el cúmulo de amparos, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó concentrar todos los amparos contra dicha ley en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa a la espera de que la Corte resuelva.

Aunque para la Corte no hay un plazo fatal, existe la posibilidad de que la discusión pueda ser subida al pleno a finales de año, fecha en que el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, terminará su periodo al frente de la SCJN, y el término de la gestión de dos ministros más; José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos.