• Raúl Cervantes, “un paquete de impunidad” y un procurador “claramente priista”, critican organizaciones sociales

Elia Baltazar / Otro País Noticias

El diseño de la próxima Fiscalía General de la República –y de las fiscalías estatales– es la pieza más relevante para enfrentar cuatro agendas cruciales para el país: derechos humanos, anticorrupción, delitos electorales y seguridad y justicia, afirma Eduardo Bohórquez, director de la organización Transparencia Mexicana, que forma parte de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás.

Por eso las organizaciones de la sociedad civil, académicos y empresarios proponen “abrir la conversación” y revisar la reforma al artículo 102 constitucional, aprobada en 2014, que ordena el cambio de la Procuraduría General de la República a fiscalía autónoma.

La reforma constitucional que dio origen a la Fiscalía General de la República, como está en este momento, nació del Pacto por México, dice Bohórquez. “En el momento en que ese pacto caducó, la reforma envejeció mal porque estaba pensada desde una lógica de unidad de todos los partidos”.

Ahora, ya sin el marco político del Pacto por México, es momento de revisar el 102 constitucional en un nuevo contexto y una mirada fresca de actores externos, propone Bohórquez.

“Ni las organizaciones de derechos humanos, ni de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción ni los empresarios ni la academia participaron en el proceso de aprobación de 2014. Pero en 2017 esta conversación requiere de otros actores para darle arraigo social”, dice.

Pero en este momento la discusión del diseño de una nueva fiscalía parece sometida a un solo tema: la elección o designación del próximo fiscal. Pero el interés de las organizaciones va más allá y busca “construir las instituciones que necesitamos para acabar con la impunidad”, dijo Alexandra Zapata, como representante del colectivo que se concentró en las escalinatas del Ángel de la Independencia el pasado 28 de agosto.

Observadores políticos advierten, sin embargo, que la discusión hacia la institución de procuración de justicia autónoma que el país necesita, está atenazada por la coyuntura política en la que confluyen ya los intereses electorales de los partidos con miras a 2018 y las posibles alianzas –formales o no– entre estos para contender en las elecciones del próximo año. Es decir, es una más de las arenas donde ya aterriza el conflicto electoral entre y dentro de los partidos.

Esta tensión se trasladó al Congreso de la Unión, particularmente al Senado, que tiene pendiente la votación para la creación de la fiscalía y la designación de fiscal. Frente a las desavenencias, organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre la posibilidad de un albazo.

Hasta ahora no ha habido una declaración por parte de los senadores que así lo adelante. Pero integrantes del colectivo #FiscalíaQueSirva advierten de una posible negociación política entre senadores de PRI y PAN que aceleraría el tránsito de la PGR a Fiscalía General de la República, sin cambios en su estructura, y que permitiría el nombramiento del ahora procurador general, Raúl Cervantes, como primer fiscal por un periodo de 9 años.

“El jueves en la noche se arreglaron (los priistas) con unos senadores panistas para repartirse puestos (la presidencia del Senado que ocupó el panista Ernesto Cordero con el voto del PRI) y en la negociación al parecer está que van a pasar la iniciativa de ley (de la Fiscalía General de República), que ya aprobó la Cámara de Diputados y es malísima con tal de que se quede Cervantes”, advirtió el abogado Pablo Girault.

Esta acción nos dejaría con “un paquete de impunidad” y un procurador “claramente priista”, afirma.

En un acto público y mediante una carta pública dirigida al Senado, las organizaciones pidieron al Senado “revisar y considerar la iniciativa presentada por el propio Ejecutivo federal para suprimir de los artículos transitorios del artículo 102 constitucional, el llamado pase automático de procurador a fiscal.

También abrir la discusión “de cara a la sociedad” para el diseño de la próxima Fiscalía General de la República y tomar en cuenta la propuesta ciudadana de dictamen al 102 constitucional, que considera las 9 iniciativas presentadas, incluida la del Ejecutivo federal.

Bohórquez considera que la transformación de la PGR “es un asunto de Estado y ya no de gobierno” y para blindarlo de intereses políticos es necesario fortalecerlo con la participación de la sociedad civil, como ocurrió con el sistema nacional anticorrupción.

“Aunque son procesos que no puedes aislarlos de la política, porque hay grupos y posturas distintas incluso dentro de estos, es posible destacar la relevancia social de esos temas y advertir que debe discutirse desde una perspectiva técnica y no política”, dice.

Con el sistema nacional anticorrupción, dice Bohórquez, la sociedad civil logró colocar el tema en un lugar donde no podía ser intercambiable por otras agendas de partidos. “Se tuvo que discutir por mérito propio y no en conexión a resultados electorales”.

Con la iniciativa de reforma para la creación de la fiscalía sucede algo parecido, afirma: “Estamos invocando la razón de Estado y le estamos diciendo a la clase política que el diseño de la fiscalía es la pieza más relevante en este momento para enfrentar cuatro agendas cruciales para el país: derechos humanos, anticorrupción, delitos electorales y seguridad y justicia”.

Afirma que lo peor para el país será una nueva fiscalía que nazca sin arraigo social. Por eso se necesita un proceso lo más abierto posible y lo más separado de la vida electoral para discutir qué fiscalía quiere México para los próximos 20 años.

“Sin duda una piza clave será el próximo fiscal, pero no es el único tema porque puede haber la confusión de que si se resuelve el pase automático (de procurador a fiscal) entonces la fiscalía operará bien, y no es así”, dice Bohórquez.

Por eso las organizaciones de la sociedad civil demandan además cambios de fondo en su operación para convertir a la fiscalía en “una institución profesional, técnicamente sólida, con mejores herramientas para investigar y perseguir el delito, y con controles más efectivos para no seguir funcionando por consigna política, corrupción, incompetencia o mera simulación”, dijeron en su mensaje.

Como organizaciones civiles, dice Bohórquez, nos toca alertar a todos de que el diseño de la Fiscalía es un tema de la mayor trascendencia. “Es una pieza que no hemos cambiado de fondo y de lo que resulte todos nos veremos afectados o beneficiados”.