OTRO PAÍS

Tomás Tenorio Galindo

La palabra corrupción fue empleada 19 veces por Andrés Manuel López Obrador en su discurso de toma de posesión. Con mucho, fue el tema principal de su mensaje en el Congreso, como lo había sido en su campaña por la Presidencia. El concepto apareció desde las primeras frases, en las que presentó un diagnóstico sobre el estado del país y definió el objetivo de su gobierno:

“A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México”.

“Ahora, nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico, estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no sólo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada”.

Para López Obrador “esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos” en el país, pues “en cuanto a la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo la economía ha crecido en 2 por ciento anual, y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales”.

Y su conclusión: “Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos: la política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país”. Y todavía añadiría líneas adelante: “En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal función del poder político, por eso si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad”.

Es un diagnóstico difícil de refutar, un retrato histórico exacto y demoledor, validado hoy por los espectaculares escándalos y la simulación practicada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo saldo se condensa en la enorme desaprobación social con la que el mandatario priísta terminó su sexenio: de alrededor de 70 por ciento, con una aprobación de no más de 30 por ciento.

En todos esos datos se encuentran las razones del triunfo electoral de López Obrador, la derrota y el repudio que encaró el PRI, y el colapso del régimen que Peña Nieto intentó mantener con vida. De ahí proviene igualmente el cuantioso apoyo social con el que el nuevo presidente asume el poder, que supera por mucho el respaldo público alcanzado por Vicente Fox en el 2000, cuando el PRI perdió por primera vez la Presidencia.

Sin embargo, no hay congruencia entre el peso que en su diagnóstico otorga López Obrador a la corrupción y su compromiso de acabar con la impunidad, y el amplio y generoso perdón que en ese mismo discurso decretó –como ya lo había anticipado semanas atrás— en beneficio de todos los ex funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción durante la administración de Peña Nieto y de cualquier otro gobierno anterior. Así lo explicó:

“Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo ni a la simulación”.

“Queremos regenerar, de verdad, la vida pública de México. Además, siendo honestos, como lo somos, si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado”.

“No habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación, y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país”.

“Estamos ante un asunto político de Estado, y como tal debemos enfrentarlo. Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña. Dije que no es mi fuerte la venganza, y que, si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia”.

“En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo, en otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado, y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes”.

Es posible admitir el bienintencionado razonamiento de López Obrador, pero si el problema es caracterizado como “inmunda corrupción pública y privada”, “desastre” y “calamidad”, un perdón incondicional y generalizado resulta un premio para los responsables del monumental daño infligido al país y deriva en más impunidad. De esa forma la impunidad se formaliza por la sola voluntad presidencial, y quedan paralizadas las instituciones encargadas de la justicia. Y quién sabe si así se acabe la corrupción, el supuesto que se halla detrás del planteamiento presidencial.

Como es previsible, López Obrador obtendrá asentimiento social, si no completo sí mayoritario, a su propuesta de poner fin a esa “horrible historia” mediante el procedimiento de esconderla debajo de la alfombra de la historia. Pero es probable también que el tema resurja más adelante y se le revierta, porque afecta la médula de la cuarta transformación, precisamente el problema de la inmunda corrupción. Al final quedará la pregunta que ya nos hacíamos aquí la semana pasada, si es posible y real un cambio de régimen dejando de lado, impune y viva, la corrupción no ya del pasado lejano sino la de los días muy recientes que tantos escándalos produjo en el país. Y porque permanecerá la sospecha de si ese perdón se originó verdaderamente en la generosidad política del presidente López Obrador, o en el aparente pacto que hizo con Peña Nieto antes de las elecciones.

Oportunidad perdida

En algún momento de su discurso en el Palacio de San Lázaro pareció que López Obrador iba a mencionar a los pioneros de la lucha por la democracia en México, es decir, a algunos de quienes le antecedieron en la lucha contra el régimen. Pero no mencionó a nadie, y con ello dejó un vacío en su discurso. Sin incurrir en mezquindad, pudo y debió haber mencionado por lo menos a dos de esos personajes. Uno es Cuauhtémoc Cárdenas. Al otro lo tenía a su lado, presidiendo la sesión. Ambos, con otros, iniciaron hace más de treinta años el movimiento de ruptura política que al final permitió el colapso del sistema y el que López Obrador estuviera ahí asumiendo el poder.

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