Jorge Meléndez Preciado

Mario Gómez, asesinado en Chiapas el 21 de septiembre, es el noveno compañero caído en este año y el número 45 en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y esperamos que no llegue a la cifra de Felipe Calderón, 52 homicidios de reporteros. Desde el año 2000, según investigaciones, han borrado del mapa a 118 informadores. La sanción a los criminales ha sido, cuando más,  de dos por ciento. La impunidad es lo característico en 18 años.

Los principales agresores no son miembros del hampa organizada, sino funcionarios públicos en un 40 por ciento,  y después, 37 por ciento, las bandas que pululan a la largo de la nación y 16 por ciento del ejército y la policía (Animal Político, 25 de septiembre),  según el Colectivo de Análisis y Seguridad con Democracia, (Casede).

Dicha organización señala que 80 por ciento de periodistas se han sentido amenazados luego de publicar; 34 por ciento padeció violencia  física y 29 por ciento fueron privados de su libertad, por lo que 90 por ciento siente que su profesión es de mayor riesgo que otras.

Lógicamente en los estados la situación es más peligrosa, ya que 7 de cada diez afirma que no se pueden expresar con libertad. Algo que ya advertía Manuel Buendía hace  muchos años, diciendo que en la mal llamada provincia las calles eran más estrechas, pues los caciques se topaban con sus críticos y las represalias eran terribles.

Los organismos gubernamentales  supuestamente protectores de los mensajeros sirven de poco o nada. Por ejemplo, Cándido Ríos,  de Acayucan, Veracruz, estaba en el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, igual que Rubén Pat, de Quintana Roo, empero ambos fueron  silenciados. Y dicha institución tenía 15 millones pesos para resguardar a 700 personas este año.

Mientras que la Fiscalía Especializada para la Libertad de Expresión (Feadle), contaba, en 2017, con 140 denuncias y estaba rezagada en 127 de ellas. Realmente patético.

En este contexto, donde hay impunidad, opacidad, organismos que sirven para casi nada y dineros a la baja por negligencia del sector público, estimula que Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del próximo gobierno,  anuncie que se propondrá una Ley Marco de Comunicación Social y se  buscará echar abajo la llamada Ley Chayote, aprobada por la anterior bancada legislativa e impulsada por Enrique de Atlacomulco (Jenaro Villamil en Facebook, 25 de septiembre).

Dice correctamente Ramírez Cuevas que los actuales despidos en medios- una fuente confiable informa que van 200 en Milenio– no deben ser atribuidos a la próxima administración federal. También señala Jesús  que habrá un fondo público para el periodismo de investigación y que la publicidad gubernamental no intentará controlar  los medios, como ahora, sino alentar el periodismo diverso.

Frente a los rumores que por el adelgazamiento de las oficinas de información  en las secretarías de estado habrá recortes, apuntó el vocero que se reubicará a quienes no puedan seguir en dichas ocupaciones (La Jornada, 25 de septiembre). Llamó a que los trabajadores de los medios cuenten con derechos laborales, seguridad social  y jubilación. Actualmente, sabemos por muchos compañeros, el outsorcing y el trabajo por tiempo limitado es la constante. Incluso, hay la certeza, que algunos espacios muy reconocidos pagan a sus colaboradores cifras ridículas.

Jesús hizo un exhorto para que los medios transparenten su línea editorial. Algo que es un hecho en países como Estados Unidos, donde los informativos toman partido, abiertamente, por los diferentes  grupos sociales.

Señaló Ramírez Cuevas que habrá la mayor apertura en muchas cuestiones y no existirá opacidad. Y adelantó que los medios del gobierno se convertirán en públicos con el fin de que haya una vigilancia y participación social en ellos, amén de garantizarle mayores presupuestos.

En la reunión, el diputado Mario Delgado llamó a democratizar todos los contenidos de los medios y otorgarles   mayor voz a los ciudadanos, los cuales en redes sociales han empezado a ser más críticos con López Obrador. Y su compañera de bancada, Dolores Padierna, planteó la necesidad de una nueva Ley de Radio y Televisión, asimismo proporcionarle  derechos a las audiencias y a los usuarios de internet y telefonía.

Propuestas iniciales que seguramente deben complementarse con las de varias organizaciones sociales que han trabajado al respecto y mejorarán lo proyectado  por los funcionarios y legisladores.

Falta, empero, una mayor protección a los informadores.

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