* Bien el recorte a la publicidad oficial en medios privados; mal que no se apoye sustancialmente a las emisoras públicas, especialmente a la casi centenaria Radio Educación.

Foto: @Sutnotimex

Por Jorge Meléndez Preciado

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 03 de septiembre de 2020.- Inopinadamente, el diputado de la Ciudad de México, Eleazar Rubio, de Morena, sacó de la chistera una posible iniciativa de ley para que los periodistas no puedan indagar crímenes e investigar otros asuntos trascendentes. Lo que sorprende porque el señor no sabe en qué mundo y siglo vive.

Para este iletrado sujeto, las investigaciones de la Colina del Perro (mansión que Hank González le regaló a López Portillo), denunciada por Miguel Ángel Granados Chapa; el descubrimiento de Manuel Buendía acerca de quién era el que manejaba a la CIA en México: Lawrence Sternfield (12 de octubre de 1978); las indagaciones de Jesús Blancornelas acerca del narco en Baja California y su relación con el Hipódromo de Tijuana, deberían ser castigadas penalmente.

Más reciente: Carmen Aristegui debería estar en prisión por el asunto de la Casa Blanca; Lydia Cacho, por denunciar a Kamel Nacif y Mario Marín (éste todavía prófugo) por estar inmiscuidos en la pederastia y Anabel Hernández, pasar mucho tiempo tras las rejas por sus descubrimientos acerca de cómo funciona el narco y quiénes participaron en la matanza de Ayotzinapa.

Unos pocos ejemplos de periodistas fisgones, según el legislador Rubio.

Rogelio Hernández y este tecleador, deberíamos tener una sentencia de muchas décadas por haber investigado el asunto de Manuel Buendía, y encontrar que el asesino material fue José Antonio Zorrilla Pérez, ex jefe de la DFS, quien estuvo varios años en el reclusorio Sur. Aunque nunca se llegó a fondo del asunto, donde el nombre de Miguel de la Madrid resaltaba debido a investigaciones anteriores del propio autor de la columna: Red Privada (Buendía).

Propone el tal Eleazar Rubio que exista una nueva pena de difamación (realmente el que da pena es el citado), de dos a cinco años y una multa de 86 mil pesos a quienes difunden noticias falsas. Lo que es un gravísimo retroceso de la ley que se avanzó al no castigar penal ni pecuniariamente a quienes publican imprecisiones, sino hacer las reparaciones informativas del caso.

Hermano de ideales de Humberto Moreira, quien lleva un juicio muy largo contra Sergio Aguayo por dar verificaciones informativas confiable, el multicitado Rubio no cuenta con el aval de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Esperamos, entonces, que se abra un foro en la Cámara de Diputados de esa capital para que le demostremos a Eleazar y quienes lo promueven y apoyan cómo se inhibe la labor informativa pensando que el periodista es un robot que únicamente debe repetir datos grabados. Algo que reprobarían Ryszard Kapuscinki y Günter Wallraf.

Por cierto, después de largos meses la UIF busca la fortuna de Conrado García, quien fue secretario de Notimex, e hizo negocios con directivos de esa institución. Pero el nuevo organismo de trabajadores, encabezados por Adriana Urrea, continúan en huelga frente a los oídos sordos de Sanjuana Martínez.

En otro lado, hay un litigio muy enredado entre la familia Alemán con la Azcárraga (antiguamente grandes socios en la fundación de Televisa), por las acciones del grupo Radiópolis. En este asunto también está metido el consorcio Prisa. En dicho pleito no tiene injerencia Andrés Manuel López Obrador, según el analista Dario Celis (El Financiero, 27 de agosto). Habrá un largo conflicto.

Para cerrar, es necesario señalar que el sindicato de Radio Educación, cuya emisora tiene ya 96 años al aire, ha pedido al mandatario López Obrador que no restringa más los recursos de esa estación, los cuales han descendido de 90 millones a 75 millones de 2013 a 2018, mientras sus tareas son sustanciales, incluso ahora en las clases para niños.

Más si su equipo está en pésimas condiciones, tiene nuevas estaciones en Michoacán y Yucatán que no ha podido echa a andar y que sus trabajadores ganan sueldos no mayores a 7, 500 pesos mensuales.

Bien el recorte a la publicidad oficial en medios privados; mal que no se apoye sustancialmente a las emisoras públicas, especialmente a la casi centenaria Radio Educación.

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