*En países que no son ricos o que tienen mayoría de pobres, como es el caso de México, la sistemática descalificación de terapias alternativas y de medicamentos baratos es una actitud contraria a la salud pública y hasta criminal.

Por Humberto Musacchio

Ciudad de México. 31 de julio de 2020.- La Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) tiene entre sus funciones el control y vigilancia de los establecimientos de salud y de aquellos que procesan productos u ofrecen servicios con el mismo fin; la prevención de los efectos nocivos de factores ambientales, la salud ocupacional y el saneamiento básico; el control de la donación de tejidos y órganos humanos —debemos suponer que también el tráfico de éstos—, la investigación y los trasplantes. Debe impedir la circulación y venta de los llamados “productos milagro”, los cigarrillos ilegales (¿y los legales?), el alcohol adulterado e incluso los artículos para el cuidado personal.

Como puede verse, la Cofepris tiene demasiada chamba y no puede con todo. Por ejemplo, hace unos días una empresa belga le entregó mil pruebas rápidas para la detección de covid-19, cada una de las cuales cuesta 200 euros. Sin embargo, hasta ahora, nadie sabe dónde están las dichosas pruebas ni la Cofepris informa de su paradero.

Con la misma pachorra e indiferencia actúa la Comisión de marras. Sus integrantes siguen cobrando religiosamente sus quincenas sin que por eso tengan presencia pública. Por ejemplo, permanecen calladitos ante el aumento incesante del contagio y de las muertes por el covid-19, pero, eso sí, reaccionan furiosos contra quien se atreva a recomendar un medicamento que no sea producido por los grandes laboratorios, especialmente por las transnacionales, que suelen ser muy generosas con sus simpatizantes, amigos y protectores.

Ahora mismo, pese el aumento imparable de los contagios de covid-19, la Cofepris ya salió a declarar que “la sustancia denominada dióxido de cloro no cuenta con evidencia científica para su uso en el tratamiento de covid-19 ni de ninguna otra enfermedad” y, además, fíjese usted, el dióxido de cloro se emplea como blanqueador en la producción de papel. Pues sí, ¿y..?

La bendita Cofepris también advierte que la misma sustancia se emplea para desinfectar el agua, aunque, advierte, mentirosona, que en esta función, al entrar en contacto con el agua, reacciona y forma sustancias químicas que son altamente reactivas y al ser ingeridas pueden provocar irritación de la boca, el esófago y el estómago, así como náuseas, vómito y diarrea, trastornos cardiovasculares y renales. Eso sucedió entre los gringos que le hicieron caso a Donald Trump y se tomaron el cloro como whisky, a pico de botella, pero ocurre que los médicos que administran el dióxido de cloro disponen que sea en una proporción de uno a tres mililitros de esa sustancia por ciento diez mililitros de agua, esto es, menos de tres por ciento.

Los cofepriistas dicen que no se cuenta con estudios que evalúen la seguridad y efectividad de la sustancia, lo que es otra mentira, pues en Perú, Bolivia y otros países —incluido México—, médicos responsables han aplicado la fórmula exitosamente y se supone que toda ciencia le debe dar cabida al conocimiento empírico, sobre todo cuando la medicina de patente no garantiza el éxito en un alto porcentaje de casos.

Por supuesto que el dióxido de cloro puede tener efectos secundarios en ciertas personas, pero hasta ahora no hay pruebas concluyentes de que haga daño al organismo en las dosis señaladas. En cambio, el remdesivir se está empleando institucionalmente para tratar el covid-19, pese a que se encuentra en fase experimental, lo que hace de los enfermos meros conejillos de Indias. Por si algo faltara, se sabe con certeza que aumenta el riesgo de daño a los riñones. Pero es medicina de patente, y ésa sí la avala la Cofepris.

No pocos medicamentos patentados perjudican al paciente. Hasta hace pocos años, los médicos recomendaban un fuerte consumo de aspirinas para evitar el taponamiento de las arterias. Ya no, porque se descubrió que el ácido acetilsalicílico debilita las paredes de los conductos sanguíneos y es causa, esa sí probada, de isquemia y otros problemas.

Hasta ahora, la OMS y las agencias sanitarias de las potencias, a las cuales obedece la Cofepris, se niegan a considerar las cualidades terapéuticas del escozul, medicamente cubano producido a partir de suero de alacrán, pero lo cierto es que el escozul cura varios tipos de cáncer y reduce drásticamente los efectos de otros.

Las autoridades sanitarias seguramente no aprueban el empleo de alcohol tratado con mariguana para los males reumáticos, pero cualquiera, menos la Cofepris, sabe que funciona. Tampoco dará su bendición a las gotas de nanomoléculas de cítricos que toma la secretaria de Gobernación para fortalecer su sistema inmunológico. Y lo mismo ocurre con una gran cantidad de productos cuyas cualidades han sido ampliamente probadas por la experiencia. ¡Ah, pero son baratos! Y eso no es negocio para los laboratorios transnacionales y sus acólitos.

La medicina no es una ciencia exacta y el conocimiento empírico es tan válido y frecuentemente más que el de laboratorio. En países que no son ricos o que tienen mayoría de pobres, como es el caso de México, la sistemática descalificación de terapias alternativas y de medicamentos baratos es una actitud contraria a la salud pública y hasta criminal.