El 20 de este mes asesinaron en Amilcingo, Morelos, a Samir Flores, conductor del programa, Amanecer Ranchero, de la radio comunitaria Amilzinko, y las investigaciones van por mal camino, incluso ya se perdieron algunas pruebas de este caso.

Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro

Jorge Meléndez Preciado

En solidaridad con Jorge Ramos

El nuevo gobierno, muy presto a realizar cambios  en diferentes asuntos (algunos convenientes y otros bastante equivocados), no ha traído modificaciones sustanciales  en la defensa de los informadores. Pareciera que todo sigue igual en un gremio que ha sido agredido y víctima de la prepotencia de las autoridades. Cuando menos es el diagnóstico de la organización Artículo 19 en voz de su dirigente, Leopoldo Maldonado.

Según el Protocolo de la Impunidad contra Periodistas, de la mencionada agrupación, han asesinado a 123 compañeros desde el año 2000. Y en  los primeros 90 días de la administración de López Obrador van tres (aunque según Enrique Galván Ochoa van cinco, según su columna Dinero, en La Jornada, 18 de febrero). También hay 24 desaparecidos desde el año 2003.

Cifras que muestran el desinterés de las autoridades encargadas de perseguir los delitos que se llevan a cabo  contra los tecleadores.

L a Fiscalía Especializada para la Atención de  Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de mil 140 denuncias, de 2010 a 2018, únicamente   atendió 186, o sea, el 16 por ciento. De los responsables de los ilícitos, pocos recibieron condenas, por lo que el 99. 13 por ciento de las violaciones quedaron impunes. Algo realmente catastrófico.

Con Felipe Calderón hubo 48 compañeros ultimados. El sexenio pasado, de Enrique Peña, se llegó a 47. Y de continuar el ritmo establecido en el actual gobierno, la cantidad de caídos será mayor que en esos fatídicos sexenios.

Como antaño, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a los asesinados se les intenta señalar como víctimas de muchas otras causas y no como parte de su profesión. La mencionada Fiscalía dijo que entre 2010 y 2018 de 89 muertos, incluso a balazos, únicamente 45 lo fueron por su actividad periodística. Para las autoridades, los compañeros del oficio mueren por andar con amistades peligrosas, tener amoríos, ser rijosos en cantinas y antros o andar por la calle a deshoras de la noche y no por lo que escriben, siendo que la mayoría de quienes los mandan a silenciar son autoridades locales, estatales y federales.

Otro asunto  lamentable es que en los pocos casos que se aprehende a un autor material del homicidio, no se llega a investigar a fondo a quienes  enviaron al ejecutor, o sea, los que intelectualmente planearon el que alguien desapareciera de este planeta.

¿Por qué sucede esa desatención de tan grave problema? La respuesta según Artículo 19 es que los “periodistas amedrentados  son funcionales al sistema político mexicano que tiene resabios autoritarios”, lo que impide “la verdadera democracia”.

Las autoridades todas han cometido negligencia y excesos como: revictimizar a los caídos, efectuar investigaciones fallidas,  obstaculizar las averiguaciones, no contar con peritos independientes y varias cuestiones más en las cuales debe poner atención el nuevo Fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero.

Además, señalamos nosotros, debe evitarse la colusión de verdugos y policías, sobre todo en los lugares más alejados de los centros urbanos;  posibilitar que las organizaciones sociales y de periodistas coadyuven en las investigaciones y hacer reportes constantes de cómo van las indagaciones de los casos. Cuestiones que han prometido hace tiempo las fiscalías y no lo llevan a cabo.

Dice bien Artículo 19: la legitimidad de un gobierno no únicamente se muestra en las urnas, sino en el imperio de la ley y la justicia.

Entre los casos paradigmáticos que resaltaron, estuvieron los de Rubén Espinosa, quien junto con cuatro mujeres fue  acallado el 31 de julio del 2015 en la Ciudad de México y el gobierno de Miguel Ángel Mancera no hizo nada. Y el de Pedro Canché que en el sureste fue prisionero nueve meses sin ningún delito. Por cierto, éste dijo que era increíble: López Obrador  contestó más rápidamente a la madre de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que a la esposa de Javier Valdez, Griselda Triana,  que clama por justicia. También es insólito que el caso de Miroslava Breach, en Chihuahua  de Javier Corral, siga estancado.

Por cierto, el 20 de este mes asesinaron en Amilcingo, Morelos, a Samir Flores, conductor del programa,  Amanecer Ranchero, de la radio comunitaria Amilzinko, y las investigaciones van por mal camino, incluso ya se perdieron algunas pruebas de este caso.

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