OTRO PAÍS

Tomás Tenorio Galindo

Los 300 desplazados de la sierra de Guerrero que desde el 18 de febrero mantuvieron un plantón afuera del Palacio Nacional se regresaron a su estado el jueves pasado sin ser recibidos –ni vistos ni oídos– por el presidente López Obrador. Casi mes y medio después de permanecer a la intemperie en la Ciudad de México, fueron finalmente atendidos por la Secretaría de Gobernación y por el gobierno de Guerrero.

No hay una razón válida por la que el presidente no hubiera podido mostrar interés y recibir por algunos minutos a una comisión de este grupo de guerrerenses que estaban a las puertas de sus oficinas, ya que estaban ahí pacíficamente y sin causar molestias, aunque en rigor no fuera necesario que fuera él quien se ocupara personalmente de resolver los problemas que querían plantearle.

No sólo no fueron recibidos por López Obrador, sino que tuvieron que pasar cuarenta días para que después de un sesudo intercambio de consultas –quizás realizadas por telegrama–, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobierno de Guerrero propusieran a los solicitantes un acuerdo, exactamente el mismo que los desplazados estuvieron pidiendo desde noviembre pasado y también desde que instalaron sus tiendas de campaña en el zócalo de la Ciudad de México: garantías para poder regresar a sus comunidades y a sus casas.

Los que participaban en el plantón eran sólo una parte de un grupo bastante más grande de unas mil 600 personas desplazadas, que el pasado 11 de noviembre se vieron empujadas a huir de sus comunidades situadas en la Sierra de Guerrero, principalmente de Filo de Caballos, y del municipio de Zitlala. Todos fueron echados por grupos armados que invadieron sus comunidades a punta de pistola y se apoderaron de sus viviendas y de sus pertenencias, por lo que se refugiaron en Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, muy cerca de Chilpancingo.

En el caso de los de la sierra, que es la mayoría, fueron expulsados por una organización armada que adoptó el nombre de Frente Unido de Policías Comunitarios del Estado de Guerrero (FUPCEG) –cuyo dirigente más visible y vocero es Salvador Alanís–, que tomó Filo de Caballos y varios poblados más con el pretexto de protegerlos del acecho de la delincuencia. Después de estar tres meses en un refugio improvisado en Chichihualco, a mediados de febrero los desplazados creyeron que el nuevo gobierno federal les brindaría con la rapidez que el gobierno estatal fue incapaz de encontrar, una solución a la precariedad extrema en la que se encontraban.

Pero en realidad no fue así. El jueves pasado regresaron al mismo refugio improvisado de Chichihualco y en tanto no se vea otra cosa, a la misma precariedad. El acuerdo obtenido consiste en su reinstalación allí, en la dotación de apoyo emergente –comida y abrigo, en primer término— y en la adopción de medidas para que los desplazados puedan volver a sus casas en condiciones de seguridad mediante retenes policiales en las cercanías de las comunidades de El Naranjo, El Carrizal y La Quebrada. Algo es algo, puede decirse, y probablemente un acuerdo que manda de regreso a un grupo necesitado a la misma situación previa no sea del todo atole con el dedo, pero cómo se le parece.

El gobierno federal y el gobierno de Guerrero habrían puesto de plazo tres meses para concretar el regreso de los desplazados a sus pueblos. No quedó señalado, o no fue informado, cómo será efectuado tal regreso, pues en el transcurso de estos cuarenta días las cosas están peor que antes en la sierra de Guerrero y en todo lo que tiene que ver con los grupos de autodefensas, particularmente en el caso del FUPCEG, el que expulsó a esas personas.

Hace un mes recordamos aquí que el gobierno de Guerrero había intentado ya el regreso de los desplazados a sus comunidades, pero no pudo, y persistir en ello habría podido ocasionar una matanza. Escribimos también que es de conocimiento público que el FUPCEG, organización que presume de contar con seis mil efectivos, tiene conexión con organizaciones delincuenciales, y que su objetivo al tomar las poblaciones era controlar vías de acceso a la sierra, precisamente la principal productora de amapola en Guerrero y por ello terreno de disputa de diferentes cárteles. Bueno, ahora la situación está peor que hace un mes.

No solamente porque se agudizó la caída del precio de la goma de la amapola que se vende al crimen organizado (de 18 mil pesos hace algunos años a 4 mil pesos hoy), lo que ha dejado desempleados a miles de campesinos más y mayores tensiones en la sierra, sino porque el FUPCEG pactó una alianza con otras autodefensas, incluida la hasta hace poco respetada Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), que irracionalmente puso su prestigio al servicio de una autodefensa ostensiblemente manejada por la delincuencia y que no tiene escrúpulos para arremeter contra la población inerme. Explícitamente, esa alianza se formó para evitar la presencia de la próxima Guardia Nacional en las zonas que los aliancistas consideran su territorio, y para impedir su desarme. Para dar una idea del desafío que ello representa, conviene tener presente que ese conjunto armado podría involucrar a unos 15 mil efectivos.

El acuerdo con el que se hizo regresar a los desplazados al refugio de Chichihualco ni siquiera parece tocar el complejo cuadro criminal y las amenazas que se ciernen sobre la población serrana. El problema no son las mil 600 personas refugiadas, es toda la sierra, pero por ahora nadie tiene solución para semejante problema, o tal vez el gobierno federal está dejando a su suerte al gobierno del estado, que a su vez terminó dejando a su suerte durante tres meses a este grupo de desterrados en su patria, para quienes el presidente no tuvo un par de minutos en su agenda.

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