*Quedaría prohibido contratar con un solo grupo de comunicación adquisiciones cuyo costo total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda.

Otro País Noticias, Ciudad de México, 27 de septiembre de 2018.- El diputado Pablo Gómez, de Morena, presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Propaganda Oficial, en donde quedaría prohibido contratar con un solo grupo de comunicación adquisiciones cuyo costo total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda.

Entre otros aspectos, se advierte que los medios de comunicación que no estén debidamente registrados no pueden ser considerados para contratar la difusión de propaganda oficial de la Federación.

De acuerdo al documento subido a la Gaceta Parlamentaria, la ley es reglamentaria de los artículos seis, siete y 134 de la Constitución y tiene por objeto normar la difusión de propaganda que realizan los entes públicos regulados.

En la exposición de motivos, explicó que con su iniciativa se impide la promoción personalizada de servidores públicos, evita el desvío de recursos públicos que ello implica y protege la equidad en la contienda política.

Además, garantiza el respeto a las libertades de expresión y de difusión de opiniones, información e ideas por cualquier medio y el derecho de acceso a la información pública oficial en forma suficiente y fidedigna, al tiempo de proscribir la censura previa.

También busca impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas y votaciones electorales a través de los medios de comunicación, y establece un nuevo modelo de comunicación que impida el uso del poder público en favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular o para promover ambiciones.

Planteó en el proyecto la creación del Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública de la Federación y sus similares en los otros poderes de la Unión y en los órganos autónomos federales, en donde, entre otros contenidos, se deberá establecer la propuesta y justificación técnica de la selección del tipo medio de comunicación a utilizar por cada campaña.

Por otra parte, en el capítulo relativo a las disposiciones de contratación, se obliga a los entes públicos a asignar los contratos de elaboración y difusión de la propaganda garantizando la equidad, de conformidad con las disposiciones federales para las adquisiciones y ciertas reglas específicas.

En gasto en propaganda se contemplan reglas especiales en la materia, entre ellas destaca la limitación al gasto anual en propaganda que no podría exceder 0.3 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Además, se pretende que la difusión de propaganda oficial en radio y televisión sólo pueda realizarse por los entes públicos haciendo uso de los tiempos oficiales.

Ello con excepción de la contratación de tiempos para carteleras culturales y de espectáculos, campañas de salud, información de prevención civil frente a siniestros u otros casos de emergencia o la relativa a las prevenciones generales emitidas en función de una situación extraordinaria decretada por el Congreso.

Sostuvo que no se podrá contratar con una sola empresa, grupo o medio de comunicación adquisiciones cuyo costo total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado para cada tipo de servicio de comunicación social.

Además, no se concentrará en un solo servicio de comunicación social más del 50 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda.

Asimismo, se establece una restricción para la realización de ampliaciones o traspasos presupuestales y otras reglas especiales de financiamiento en el rubro de publicidad.

En materia de distribución de tiempos oficiales se plantea 35 por ciento para el Poder Ejecutivo federal y 10 por ciento para el Legislativo, tiempos que se distribuyen en partes iguales entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Además 10 por ciento para el Poder Judicial de la Federación, 10 por ciento para los organismos públicos autónomos federales y 35 por ciento para las entidades federativas.

Se considera que las entidades federativas deben tener acceso al tiempo del Estado pues su propaganda de radio y televisión es ahora costeada íntegramente con fondos presupuestales locales, a pesar de que forman parte de una Federación que, como tal, cuenta con tiempo legal y tiempo fiscal.

No se podrán establecer criterios de contratación directa o indirectamente relacionados con la línea editorial o, en general, la opinión de los medios de comunicación.

Se establece la prohibición para contratar la difusión de noticias llamadas a veces infocomerciales o gacetillas, ni para hacer pagos para la difusión de actos oficiales de cualquier naturaleza.

Para la programación y presupuestación del gasto de propaganda se contempla el Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública federal.

Otro aspecto es la creación del Padrón Nacional de Prestadores de Servicios de Publicidad y Comunicación, un sistema informativo de carácter público que contiene el registro de medios de comunicación y agencias de publicidad, con residencia en el territorio nacional o en el extranjero, que prestan servicios de producción y difusión de propaganda oficial. (Notimex)