OTRO PAÍS

Tomás Tenorio Galindo

Es sorprendente, y ese hecho ofrece una definición de la filosofía adoptada por el próximo gobierno a este respecto, que ni las víctimas de la violencia ni la impunidad asociada a la mortandad nacional, hayan tenido espacio en el Plan Nacional de Paz y Seguridad dado a conocer por el presidente electo el pasado día 14.

En cambio, y en el extremo de lo anterior, la creación de la Guardia Nacional fue ofrecida como la corona de esta estrategia contra la violencia y la inseguridad, en términos que contradicen todo el discurso que el candidato López Obrador sostuvo en su campaña, pues cede el mando y la integración de esta corporación a las fuerzas armadas.

El presidente electo dijo el miércoles, al presentar su estrategia, que el 80 por ciento del Plan Nacional de Paz y Seguridad recaerá en la atención a las causas que originan la violencia, que él localiza en las pérdidas sufridas por la familia –“la mejor institución de seguridad social que existe en nuestro país”, expuso–. Y el resto es la Guardia Nacional.

Atender las causas significa dotar de bienestar a la población. Para explicarlo manifestó que la nueva estrategia “parte de la concepción de atender antes que nada lo económico y lo social; atender las necesidades de los mexicanos en la idea de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”. Adicionalmente, explicó que en la base de la estrategia se encuentra el fortalecimiento de las costumbres y tradiciones del pueblo de México: “¿Dónde hay más delincuencia? Donde se rompe el tejido social, donde se afectan los valores, donde se da más desintegración familiar… La integración de la familia es fundamental, sobre todo en lo que respecta a la familia mexicana”.

No es un diagnóstico completo, pero suena razonable. Sin embargo, esa partición 80/20 por ciento es arbitraria, sin sentido ni correspondencia con la realidad. La opinión social percibió una cosa diferente y es que una vez más, la estrategia y el control del combate a la violencia fue adjudicado al Ejército y la Marina al cien por ciento. Y que en esta nueva circunstancia, la creación de la Guardia Nacional es solamente otra forma de llamarle a lo mismo que ha sido aplicado desde el sexenio de Felipe Calderón.

López Obrador va en camino de desacralizar el poder como no había sucedido desde el fin de la revolución, pero al mismo tiempo, contradictoriamente, agudiza el presidencialismo de una manera sin precedente. Esa doble condición del ejercicio del poder que exhibe el próximo presidente aun sin tomar posesión del cargo, es evidente en el proceso que lo condujo a determinar la creación de la Guardia Nacional: lo decidió en la soledad del enorme poder que le confirieron las urnas, incluso en abierta contradicción con su promesa de campaña de acuartelar a los militares, y desoyendo la voz de las víctimas en el mismo sentido.

El anuncio del miércoles pasado confirma que, al final, López Obrador careció de un plan para conseguir la pacificación del país, y que como consecuencia de ello incurre en la repetición de la fallida estrategia aplicada por sus antecesores para combatir al crimen organizado. Eso había sido visible desde agosto, cuando el presidente electo anunció de manera formal la permanencia del Ejército y la Marina en las calles para hacer frente a la inseguridad. Para justificar su decisión, López Obrador explicó entonces lo mismo que dijo la semana pasada, que la Policía Federal es incapaz de asumir esa tarea.

Hace tres meses como ahora, el anuncio de la Guardia Nacional es una de las grandes definiciones del próximo presidente y, al mismo tiempo, quizás la más frustrante de cuantas ha formulado en este periodo de transición hacia el poder, por encima de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco por cuanto toca una fibra sensible de la sociedad lastimada por la violencia.

Por más que se vea con optimismo la llegada del gobierno lopezobradorista, la permanencia del Ejército y la Marina como ejes de la estrategia contra el narcotráfico y la violencia significa más de lo mismo y la confirmación de que ahí no hay cambio ni esperanza. El discurso que López Obrador adoptó en esta materia para justificar sus decisiones es exactamente el mismo que en su momento usaron Calderón y Peña Nieto para echar sobre las espaldas del Ejército y la Marina la responsabilidad de combatir a la delincuencia. Y como es sabido, después de 12 años de que militares y marinos realizan esa función en sustitución de las policías, el resultado es un fracaso aplastante y mayor violencia. Si esa es la opción de López Obrador, no parece que su gobierno pueda alcanzar el objetivo de reducir entre 30 y 50 por ciento la violencia en el país en el curso de los tres primeros años de gobierno. Por el contrario, abrió la puerta a un periodo azaroso e incierto.

Llama la atención que López Obrador haya asumido sin más, sin plantear un proceso de capacitación y depuración, la incapacidad de la Policía Federal y dado paso a la permanencia de los militares en las calles, siguiendo el flojo criterio de los dos gobiernos anteriores. Si a ello sumamos la prédica del “perdón y el olvido” que López Obrador busca implantar como instrumento de pacificación, que en suma plantea la impunidad como política de Estado, y la política de amnistía para delincuentes que acepten colaborar con las autoridades, la perspectiva cercena la esperanza de justicia y paz alimentada por López Obrador en su campaña, uno de los motivos por los cuales ganó la elección, y coloca en la incertidumbre la solución al problema de la violencia, el más grave hoy en el país. Quién sabe si ese sea el camino para parecerse a Juárez y Cárdenas, porque por lo pronto se parece a Peña Nieto y a Calderón.

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