*Expertos consideran que los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, que votarán este martes los diputados, dañan la confianza de los inversionistas interesados en tecnología renovable y sector eléctrico.

Fuente: El Financiero

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que votará este martes la Cámara de Diputados ahuyentará la inversión nacional y extranjera, porque elimina la confianza sobre el Estado de derecho en México, advirtieron especialistas.

Además, dichas modificaciones fijan la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando la empresa ha demostrado que carece de recursos y capacidad para invertir en tecnología.

“La consecuencia más grande es la confianza a nivel país para seguir invirtiendo en tecnología renovable y en general en el sector eléctrico. Nadie va a querer invertir en el país hasta que no haya garantía de un Estado de derecho sólido y firme”, dijo Paul Sánchez, consultor independiente de energía.

El dictamen de reforma incorporó un artículo transitorio donde establece que los permisos de autoabastecimiento que se hayan obtenido “con fraude a la ley” deberán ser revocados. Sin embargo, aún no queda claro bajo qué criterios caerán en este supuesto.

“Lo que están haciendo es precisar, para que no sea tan burdos o tan directos o explícitos, los reclamos de inconstitucionalidad. Lo que hicieron en el cuarto transitorio fue agregar el tema de fraude a la ley, por lo que existe la preocupación de la retroactividad a los derechos de los permisionarios. ¿Quién va a determinar qué es fraude a la Ley?”, cuestionó Sánchez.

Además, el artículo quinto transitorio, establece que los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el Gobierno Federal.

Al respecto, Verónica Irastorza, directora de NERA Economic Consulting, señaló que es poco claro el “requisito de rentabilidad”.

“Creo que puede ser sujeto a criterios arbitrarios que pueden generar mucha incertidumbre. Adicionalmente, dichos contratos fueron resultado de concursos públicos donde en teoría los ganadores ofrecieron el mejor precio para la CFE”, mencionó.

Por su parte, Diana Pineda, socia del despacho González Calvillo, mencionó que los transitorios han generado incertidumbre, pues los inversionistas necesitan confianza a largo plazo.

“Hay un principio en derecho que se llama confianza legítima, y forma parte de la seguridad jurídica y tutela las expectativas que el gobierno crea en la iniciativa privada, lo que quiere decir que si el gobierno hace una reforma energética, las expectativas de la industria deben estar protegidas”, expuso.

Casiopea Ramírez, socia de Fresh Energy Consulting, dijo que fortalecer a la CFE y no subir la tarifa no son las soluciones para cumplir los objetivos que establece la propia iniciativa de reformas.

“No lo es porque están limitando el acceso a energía más limpia, más barata y confiable porque se está evitando la diversificación de fuentes no solo de generación, si no de inversión”, señaló.

Mencionó que la reforma busca que la generación y comercialización sea de CFE, lo cual la somete a presión porque no es una empresa en términos de eficiencia, costos o de que tenga la mejor tecnología para generar energía o cuidar el medio ambiente.