*Es un acto de intimidación sin sustento, dicen abogadas


Inhibe solidaridades tradicionales en México; de eso vivió el presidente 18 años
María Beatriz Gasca fue separada de su puesto y escribe que apoya las causas justas y feministas
Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 28 de septiembre, 2020.- Esta mañana de 28 de septiembre la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó a María Beatriz Gasca Acevedo, vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de GINgroup, como quien financió la toma de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la calle Cuba #60, en el Centro Histórico.

Dijo que atendió instrucciones de su jefe, Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, que se le vio el 12 de septiembre entregando víveres a las feministas y que viajaba en un elegante auto. Sus pruebas son las redes sociales y, dijo, una denuncia ciudadana.

Horas después María Beatriz Gasca Acevedo fue separada de su puesto y su jefe se deslindó de los hechos en los que la involucró la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quién además afirmó que se verá si hay denuncia penal.

El anuncio de la Jefa de Gobierno sucedió apenas unas horas antes de la marcha de feministas por la demanda global de la legalización del aborto, y mientras todas las calles aledañas al lugar de la cita (el monumento a la Revolución se llenaba de policías).

Beatriz Gasca antes del mediodía escribió en su cuenta de twitter: “Creo en las causas justas, #yolescreoaellas a las víctimas, a las que en mi condición de mujer, madre y feminista apoyé con víveres y empatía en la ex CNDH. Mis convicciones me obligan a dejar mi cargo en @GINgroupMX temporalmente y a deslindarlos al 100% de mi labor #niunamas.

Es un acto de intimidación

El señalamiento de Beatriz Gasca es un acto de intimidación, afirmó para SemMéxico la abogada feminista, ex asesora de Naciones Unidas, Patricia Olamendi. Además, desalienta la solidaridad entre feministas y mientras no se pruebe el dicho, dar víveres o apoyos a las Okupas de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no es un delito.

Dijo que en México se aplaude siempre la solidaridad, todo mundo lleva tortas, refrescos, comida a los plantones. Es algo cotidiano. La intimidación es por no reconocer los problemas que no se pueden resolver. Inhibe la solidaridad social y es un mensaje contra la convivencia empática.

Por su parte, la abogada constitucionalista Mireya Toto, constructora en Veracruz de la atención a víctimas, señaló que no es posible que en este país hay escarnio contra mujeres y hombres sin que haya ninguna institución, autoridad y procedimiento jurídico constitucional de por medio, ¿sólo porque alguien lo dice o lanza, debe ser creído? Nadie investiga, Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Se miente y se construyen casos sin que haya mecanismo, ley o instituciones que den legalidad a todo tipo de denuncias o acusaciones.

Luego se preguntó ¿Dónde te puedes defender de lo que se te acusa?, se acusa a las personas de delitos, agresiones, actos de abuso por medios de comunicación, redes sociales y por periodistas o seudo periodistas y nadie hace nada; acá se agrede y se realizan actos de violencia contra otras personas en nombre de la no violencia contra las mujeres.

A su vez la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, además de coincidir en que se trata de una intimidación, reflexionó: “Pero además los plantones de Andrés, (refiriéndose al presidente de la República) ¿de qué vivieron? sino de aportaciones de la gente, de las y los legisladores y de los partidos. Lamentó que los movimientos sociales, muchos de mujeres, no tienen apoyos y ahora quienes son empáticas con estas movilizaciones, con esto, se lo van a pensar antes de apoyar.

De las acusaciones, Rosamaría Cabrera, política de larga data, feminista y ahora funcionaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró reprobable todo señalamiento que lleve a criminalizar a las mujeres que, desde cualquier posición, están respaldando la acción de las familias de las víctimas, es una verdadera irresponsabilidad de la Jefa de Gobierno, señalar con nombre y apellido, basando su opinión en la búsqueda de lo publicado en redes, a personas, como es este caso, afectando, incluso, su situación laboral. Dijo que tenemos casi, casi, una Jefa de Gobierno convertida en detective.