Castillo de naipes//

Ricardo Castillo Díaz

El terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter del pasado 7 de septiembre y la fuerte temporada de huracanes en curso, dejarán daños todavía incuantificables en una buena parte del territorio nacional. Además de la tragedia humana de los damnificados y de las millonarias pérdidas materiales, los desastres naturales también tendrán sus efectos políticos en los días por venir.

Por un lado, la devastación será el escenario natural para que el presidente Enrique Peña Nieto busque retomar el control del mando, intente asumir el liderazgo perdido y encabece los esfuerzos de la reconstrucción. Una posibilidad es que sus apariciones y mensajes constantes en el manejo de la crisis, le ayuden a recuperar un poco de la popularidad perdida, o por el contrario, que terminen de sepultarlo en el último tramo de su mandato. Por otro lado, la reconstrucción y el apoyo a los damnificados en los estados afectados abrirán la llave presupuestal para canalizar una gran cantidad de recursos federales, como pocas veces se ha visto, a tan sólo unos meses del proceso electoral de 2018.

Todavía no ha sido cuantificado el daño total que dejó el terremoto que afectó a parte del sur, sureste y golfo del país, pero el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ya adelantó que evalúa liberar un bono catastrófico que podría ser de hasta 150 millones de dólares, unos 2 mil 700 millones de pesos, al tipo de cambio actual.

El presidenciable Meade precisó que además de la liberación de ese monto, las entidades afectadas recibirán recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden). Y adicionalmente están los programas de empleo temporal que ya ordenó el presidente Peña Nieto, más los dineros que llegarán por la vía de la comunidad internacional, más las toneladas de despensas provenientes de cientos de centros de acopio, más lo que apoye la iniciativa privada a través de donativos a las cuentas bancarias abiertas con tal de deducir impuestos, más todo lo que se acumule de ayuda solidaria.

Pero no sólo estarán a disposición los recursos para la reconstrucción por el movimiento telúrico más fuerte de la historia reciente. Habrá que considerar también las afectaciones que dejaron como huracanes Katia y Lidia, con tormentas en Baja California, Sonora, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Querétaro, un total de 24 estados de la república.

Los millones de pesos para la reconstrucción por el terremoto y los huracanes llegarán al tiempo en que se definan los candidatos presidenciales y a distintos cargos para la elección de 2018. Los trabajos incluso se podrán prolongar hasta los tiempos de campaña. Sólo por eso, la sociedad deberá exigir escrupulosos mecanismos de supervisión y vigilancia para que su aplicación sea transparente, sin los desvíos propios del llamado Año de Hidalgo y sin ningún tipo de lucro político-electoral.

De los partidos no debemos esperar nada, ni siquiera de los de la oposición, porque al final así se benefician todos. Es una pena que, por ejemplo, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, no aprovechara para eso su espacio del sábado en el periódico El Universal: su artículo se tituló ¡El Frente Ciudadano Democrático va!, con una euforia electorera que no es la de los damnificados de estos días, a quienes por cierto, la dirigente nacional perredista tampoco les dedicó una sola línea. Lo peor es que todavía faltan los últimos ciclones de la temporada que, esperemos equivocarnos, pudieran ser los más devastadores. Y eso implicará que fluyan más y más recursos para la reconstrucción en pleno proceso electoral, que oficialmente ya comenzó el pasado viernes 8 de septiembre.