OTRO PAÍS

Tomás Tenorio Galindo

Ni la bendición impartida por Andrés Manuel López Obrador ni la falsa contrición escenificada después por los protagonistas, modifican la naturaleza espuria del traspaso de cinco diputados del Partido Verde a la fracción de Morena, operación motivada por el objetivo de esta última de alcanzar la mayoría absoluta y asegurar el control total de la Cámara de Diputados.

Por sí sola, esa maniobra pone en entredicho el código de decencia que López Obrador aspira a implantar en la vida pública del país mediante la proyectada constitución moral que se encuentra en proceso de redacción. Pero queda en franco cuestionamiento si se considera que fue parte de un cambalache más amplio, cuyo desenlace es que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, del PVEM, pudo regresar al cargo después de haber solicitado licencia para poder tomar posesión como senador, con lo que viola la Constitución al ejercer dos representaciones de elección popular al mismo tiempo. Y adquiere de plano un tufo de drenaje político si se recuerda que se obligó al Senado a votar una segunda vez después de que en la primera ocasión los senadores rechazaron la solicitud de licencia de Velasco.

Al final de todo ese episodio planeado, protagonizado, alentado y operado por Morena queda la sensación de un espectáculo indigno, traído de los tiempos en que el viejo régimen del PRI arrollaba y se imponía sin reparar en costos.

Al recibir y dar nueva identidad a los cinco diputados verdes, Morena quedó vinculado al PVEM y a su fama de partido mercenario, un estigma merecido que arrastra desde su creación misma como negocio de la familia del “Niño Verde”, Jorge Emilio González Martínez. Alarma que ese vínculo provenga en realidad de López Obrador, quien durante la campaña estableció una alianza no explícita con el gobernador chiapaneco, lo que dio lugar –entre otras cosas— al triunfo de Morena en la elección de gobernador en esa entidad, con el apoyo no tan subrepticio de Velasco Coello.

Con ese antecedente, resulta imposible considerar un hecho simple y aislado el acuerdo que permitió a Morena tener en sus filas 256 diputados federales, y abre interrogantes serias sobre el estilo y los métodos que adoptará el gobierno de López Obrador y su partido para llevar adelante sus programas.

Como en el caso de los delegados plenipotenciarios en los estados, que amagan con atropellar el pacto federal al imponer intermediarios a los gobernadores, la forma en que Morena empleó su fuerza en el Senado y en la Cámara de Diputados hace a un lado la pluralidad política en su afán de conseguir todo de todo.

Las explicaciones presentadas por los jefes parlamentarios de Morena en el Senado y en la Cámara, Ricardo Monreal y Mario Delgado, se limitaron a negar cualquier atisbo de contubernio o arreglo oscuro con el PVEM. Monreal hasta dijo estar tranquilo con su conciencia. Delgado sostuvo que fueron los diputados del Verde quienes se acercaron a él con el propósito de sumarse a su bancada a cambio de impulsar su agenda relacionada con la salud de los niños. Otra cosa, sin embargo, dijo el coordinador del Verde en la Cámara, Arturo Escobar, quien atribuyó la idea a Mario Delgado.

“Tuvimos una plática con Mario Delgado. Nos pidió analizar la posibilidad de que algunos diputados de nosotros se integraran en el registro con Morena; lo platiqué con mi grupo y estos cinco diputados estuvieron de acuerdo. Si esta negociación provoca que se atienda el tema del cáncer infantil, que reduzcamos el número de niños muertos por cáncer, si esto se convierte en realidad, es baratísimo lo que hicimos ayer”, dijo Escobar de una forma que no podía ser más clara. (Reforma, 6 de septiembre de 2018)

Dudosamente estos hechos reflejan el renacimiento de la vida pública del país. Sugieren, más bien, un encharcamiento en la vía a la cuarta transformación causado por el exceso de pragmatismo. Lo que preocupa es que, según las evidencias públicas, el partido que tomó la iniciativa fue Morena, y no podría negar su autoría porque exactamente eso es lo que ha empezado a hacer en algunos estados, como Guerrero y Zacatecas: sustraer diputados de otros partidos para engordar sus bancadas y alcanzar mayorías. Es obvio, por lo tanto, que estas maniobras no podrían ser ejecutadas sin el conocimiento y el aval de López Obrador.

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