*La bancada de Morena en el Senado propuso una reforma a la Constitución para clasificar como graves estos delitos.

De la redacción

Otro País Noticias, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2018.- La bancada de Morena en el Senado propuso este jueves una reforma a la Constitución para clasificar como graves los delitos que involucran armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.

También contempla considerar graves otros delitos como la corrupción, el robo de hidrocarburos y las irregularidades electorales.
El proyecto, registrado por el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, plantea una adición al artículo 19 de la Carta Magna para que el Ministerio Público pueda solicitar al juez la prisión preventiva por la comisión de alguno de esos delitos.

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En la exposición de motivos se establece que la permanencia en libertad de los responsables de portación de armas ha contribuido a la crisis de seguridad pública que enfrenta el País.

“Los sujetos involucrados en la portación y uso de armas de fuego y explosivos no están dispuestos a afrontar las consecuencias procesales legales de su comportamiento, y con ello muestran desprecio por la seguridad de las comunidades en donde habitan”, indica la iniciativa.

El mismo argumento han expresado en su oportunidad autoridades federales como el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y el Comisionado de la PF, Manelich Castilla.

De los 24 mil 881 homicidios dolosos registrados en 2017, 16 mil 824 se cometieron con arma de fuego, lo que representa un 67 por ciento.

En lo que va de 2018 se han contabilizado 11 mil 151 homicidios con arma de fuego.

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En el caso de la corrupción, la propuesta de Morena advierte que al no considerar los delitos como graves, permite a los responsables seguir el proceso en libertad, por lo que propone que los señalados en esta falta sean sometidos a prisión preventiva.

La iniciativa también pretende endurecer las sanciones contra los delitos electorales, pues seguir el juicio en libertad es un incentivo para la reincidencia.

Y en el caso de las penas por delitos cometidos en materia de hidrocarburos pretende desalentar ese crimen que, además de generar violencia, se ha expandido gracias a la creación de redes de distribución de combustible robado.